Ciudad de México, México.- En una sesión marcada por la controversia y la división política, el Senado de la República aprobó con 69 votos a favor y 42 en contra una serie de reformas a la Ley de Amparo. Estas modificaciones, centradas en los artículos 129 y 148 de la ley, generan un intenso debate sobre el equilibrio de poderes y el papel del Poder Judicial en el sistema democrático mexicano.
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¿Cómo afectaría esta reforma?
La reforma busca restringir la facultad de los jueces para suspender leyes de manera provisional y definitiva que hayan sido impugnadas a través del amparo.
Si bien se asegura que el derecho al amparo continuará garantizado, los críticos, especialmente los legisladores de oposición, argumentan que estas modificaciones son un intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por “blindar” la realización de obras y el establecimiento de reformas constitucionales, incluso si estas presentan presuntas irregularidades.
Según los opositores, esta medida representa una “venganza” del presidente López Obrador hacia los jueces que han cuestionado y detenido algunas de sus propuestas legislativas. Entre ellas se destacan la reforma electoral planteada en 2022 y el ‘plan B’ de la misma presentado en febrero del año pasado.
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Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y proponente de la iniciativa, justifica la reforma como un intento de asegurar que el Poder Judicial respete las decisiones del Legislativo. Argumenta que las reformas votadas en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, no deben ser limitadas por juicios de amparo que podrían detener su implementación.
En efecto, estas resoluciones del Poder Judicial han sido utilizadas para suspender tramos del proyecto del Tren Maya y otras obras, así como para detener la aplicación de ciertas leyes debido a irregularidades detectadas.
La aprobación de estas reformas despierta un intenso debate sobre la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial en México. Mientras que algunos ven estas modificaciones como un necesario equilibrio para evitar abusos judiciales, otros las interpretan como un intento de socavar el control y la supervisión judicial sobre las decisiones del Ejecutivo y Legislativo.
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