Salamanca, Guanajuato.- La inhabilitación por 10 años impuesta al exdirector de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), Luis Enrique Hernández Godoy, no debería ser la única consecuencia de las irregularidades cometidas, consideró Juan Ortega Gasca, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato.
Luego de conocerse la resolución mediante la cual el Tribunal de Justicia Administrativa sancionó al exfuncionario por intervenir en contrataciones con una empresa de la que era socio, Ortega Gasca señaló que, si la autoridad determinó la responsabilidad, es porque encontró elementos para acreditar las irregularidades.
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“Si fue sancionado, pues seguramente es porque encontraron todas las evidencias para que fuera así”, expresó.
Sin embargo, destacó que, además de la sanción administrativa, debe buscarse la devolución o recuperación de los recursos involucrados, al considerar que estos pertenecen a la comunidad educativa.
“No es suficiente solo inhabilitar, porque entonces eso invita precisamente a delinquir y decir: ‘Me inhabilitan y pues yo me llevo el recurso’. Y creo que no se trata de eso”, sostuvo.
Ortega Gasca explicó que los recursos que reciben las universidades tecnológicas y politécnicas, provenientes de los gobiernos federal y estatal, tienen como finalidad atender las necesidades de las instituciones, entre ellas el pago de nómina docente, infraestructura, equipamiento y desarrollo académico.
Añadió que incluso los recursos propios que generan estas instituciones deben utilizarse para su crecimiento y para fortalecer las condiciones académicas de maestros y alumnos.
“Todo ese recurso tiene que quedar ahí porque finalmente es de ellos, es de la institución”, señaló.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que, además de aplicar las sanciones correspondientes, revisen los mecanismos necesarios para resarcir el daño causado al patrimonio de la institución educativa.
El funcionario también llamó a los responsables de las universidades tecnológicas y politécnicas del estado a ejercer los recursos públicos de manera adecuada y conforme al propósito para el que fueron asignados.
“Es de la gente, es para la gente, es para las escuelas, para los maestros, para los alumnos, para la comunidad”, enfatizó.
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La resolución del Tribunal establece una inhabilitación de 10 años para Hernández Godoy, vigente hasta el 7 de abril de 2036, además de una sanción económica. El expediente señala que, durante 2016, la UTS realizó contrataciones con Vihemmen, S.A. de C.V., empresa en la que el entonces funcionario tenía una participación accionaria del 50 por ciento.
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