Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, tras la notificación oficial, las empresas involucradas cuentan con plazos legales para regularizar su situación fiscal, además de que la ley contempla descuentos de hasta 39 por ciento y la posibilidad de realizar el pago en parcialidades, tal como lo explicó previamente el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino.
“No hay persecución política ni violación a derechos humanos. Se trata únicamente de un requerimiento fiscal que ya fue validado por la Suprema Corte. Los amparos no proceden y debe cumplirse la resolución de los tribunales”, sostuvo Sheinbaum.
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¿Cuándo debe pagar Grupo Salinas?
Cuestionada sobre una posible fecha límite, la presidenta aclaró que no existe un ultimátum, sino plazos establecidos por la ley. Detalló que, tras la notificación, las empresas deben acercarse al SAT para acordar la forma de pago conforme al Código Fiscal de la Federación, que permite reducciones en el monto total dependiendo de cómo se cubra la deuda.
Sheinbaum subrayó que el Gobierno federal actuará conforme a derecho y que ahora corresponde a las empresas definir si se presentan ante la autoridad fiscal.
“Estamos esperando a ver qué ocurre”, afirmó.
Salinas Pliego acusa persecución ante la CIDH
En contraste, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, acudió recientemente a Washington para reunirse con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde presentó una denuncia contra el Estado mexicano.
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El empresario acusó al Gobierno de ejercer una supuesta persecución fiscal, judicial y administrativa, con el objetivo —según dijo— de intimidar y silenciar a quienes critican al poder. Afirmó que su caso busca sentar un precedente sobre el uso del Estado como mecanismo de control político.
Estas declaraciones se dieron luego de que, el 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los amparos promovidos por Salinas Pliego para evitar el pago de siete créditos fiscales que litigaba desde 2008, lo que activó la obligación de pago una vez notificado por el SAT.
Adeudos pendientes superan los 74 mil mdp
Además de los 51 mil millones de pesos ya determinados, el Gobierno federal ha informado que existen otros adeudos fiscales en litigio que, en conjunto, superarían los 74 mil millones de pesos.
A esto se suma un nuevo revés judicial ocurrido el 19 de noviembre, cuando la SCJN resolvió que una empresa del grupo deberá pagar 67 millones de pesos adicionales, correspondientes a una deuda fiscal de Nueva Elektra del Milenio por el ejercicio 2012.
El caso se originó por la declaración de una pérdida fiscal mayor a la real, luego de que la empresa omitiera reportar ingresos acumulables. Aunque Grupo Salinas argumentó que la responsabilidad correspondía a la sociedad controladora, los tribunales confirmaron la validez del crédito fiscal.
Con estas resoluciones, el SAT mantiene abiertos los procedimientos para el cobro de los adeudos, mientras el Gobierno insiste en que el caso se rige exclusivamente por la ley y no por motivaciones políticas.