Ciudad de México, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que formaliza una reforma histórica, la cual establece la improcedencia de amparos y controversias constitucionales contra cualquier modificación a la Constitución federal.
Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados la noche del 30 de octubre, marcando un proceso legislativo sin precedentes por su rapidez.
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Los congresos estatales, tras la aprobación inicial, comenzaron de inmediato a validar la reforma, que limita los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos tanto del Congreso como del Ejecutivo.
Según el decreto, las disposiciones de la Constitución prevalecerán sobre cualquier norma o resolución, incluyendo las acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El documento introduce un quinto párrafo al Artículo 105 de la Constitución, además de reformar el Artículo 107, fracción II, dejando explícito que no procederán las controversias constitucionales que cuestionen reformas a la Carta Magna. Asimismo, se establece que las sentencias de juicios de amparo se centrarán únicamente en los solicitantes individuales y no tendrán efectos generales sobre la inconstitucionalidad de normas generales.
Esta reforma, impulsada principalmente por las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), fue validada en un ambiente de controversia, dado que las fuerzas de oposición —Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)— no estuvieron presentes en la votación, que alcanzó apenas 251 votos de los 500 posibles en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, anunció la declaratoria de constitucionalidad, destacando la rapidez con la que se gestionó el proceso, ya que la reforma fue aprobada en solo 16 horas después de su salida del Congreso.
La iniciativa fue propuesta por Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y fue inicialmente discutida y aprobada en ese recinto legislativo el 25 de octubre.
Este cambio legislativo es considerado por algunos analistas como un mecanismo para blindar las reformas constitucionales frente a cualquier impugnación judicial, lo que podría tener repercusiones significativas en el equilibrio de poderes en México y en el papel de la Suprema Corte, que ya no podrá abordar ciertas cuestiones de constitucionalidad que previamente le correspondían.