Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Godoy explicó que la propuesta busca unificar los elementos del delito en todos los estados y en el ámbito federal, evitando que sea necesario presentar una denuncia para iniciar una investigación.

La funcionaria detalló que el proyecto plantea penas de entre seis y 15 años de prisión, con agravantes en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, o si los responsables son servidores públicos. También se endurecerán las sanciones si la extorsión se comete desde un centro penitenciario.

“La intención es contar con un tipo penal básico y coordinado que fortalezca la prevención, investigación y sanción de la extorsión”, subrayó Godoy Ramos.
Para lograr esta homologación, la iniciativa incluye reformas al Código Penal Federal, códigos penales locales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de armonizar las sanciones y los procedimientos en todo el país.
Además, la Ley General propuesta establecerá un marco común para los delitos vinculados, sus agravantes y mecanismos de atención a víctimas, ofendidos y testigos.

Cabe recordar que en septiembre pasado el Congreso aprobó una reforma constitucional que permite legislar sobre el delito de extorsión, una facultad que antes correspondía exclusivamente a los congresos estatales.