Guanajuato, Guanajuato.- Francisco Cué, representante de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), organización que interpuso el recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que, en caso de que el Congreso no atienda la determinación de retirar el aborto como delito del Código Penal, la Corte podría emitir una declaratoria de inconstitucionalidad que invalidaría de inmediato dichos artículos. El plazo de 90 días otorgado por la Corte vence el próximo 23 de junio.
“El 5 de junio del año pasado, una mayoría de esta Legislatura rechazó la oportunidad de situar al estado de Guanajuato entre las entidades federativas donde se respetan, garantizan y protegen los derechos reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar”, afirmó el activista.
Recordó que, durante la discusión, cuando se rechazaron la reforma penal, la constitucional y la sanitaria, se argumentó que los antecedentes y criterios establecidos desde hace años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aplicaban para el estado de Guanajuato.
“Se excusaban señalando que la histórica sentencia de septiembre de 2021, relativa al caso Coahuila, únicamente obligaba y tenía efectos para las y los legisladores de aquella entidad”, señaló.
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Cué sostuvo que con ello se desconocieron o tergiversaron los efectos de la jurisprudencia, la cual, en materia de derechos humanos, tiene aplicación en todo el país.
“Se ignoraba también que desde marzo de 2025, previo a esta discusión, la propia Suprema Corte, a través de su Primera Sala, resolvió a favor de GIRE un amparo en revisión en el que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos que tipificaban y sancionaban penalmente el aborto voluntario en el Código Penal del Estado de Guanajuato”, explicó.
Añadió que, tras ese amparo, la Legislatura tuvo la oportunidad de emprender la reforma correspondiente; sin embargo, la mayoría rechazó la propuesta.
“En virtud de ello, la nueva Suprema Corte de Justicia admitió el pasado 3 de diciembre, mediante acuerdo del presidente, el ministro Hugo Aguilar, la declaratoria de inconstitucionalidad”, indicó.
Finalmente, explicó que este mecanismo está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo, y se activa cuando existe jurisprudencia que acredita la inconstitucionalidad de una norma. En estos casos, subrayó, es responsabilidad del Congreso del Estado reformar la ley para subsanar el vicio ya determinado por el máximo tribunal del país.
Es decir, en la sentencia de marzo del año pasado, la Suprema Corte dijo ‘estos artículos que criminalizan el aborto voluntario en el código penal de Guanajuato son inconstitucionales, para nosotros y para todas las personas que acompañamos en el Estado para que puedan abortar’.
Expuso que pasado el tiempo, la legislatura no ha subsanado éste vicio constitucional que se determinó en la sentencia.
“Es así que se activa ésta otra nueva ruta judicial y en virtud de que no han superado éste vacío, comienza un plazo de 90 días mediante los cuales notifican al Congreso sobre que ésta ruta se ha activado y cuando culminen esos 90 días, si el congreso y la gobernadora persiste o insiste en mantener la penalización del aborto, lo hará la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Indicó que el plazo comienza a partir del lunes 16 de febrero porque se contabilizan los días hábiles en los cuales está en sesiones el periodo ordinario; así que el plazo de 90 días vencerá el 23 de junio.
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“Eso no quiere decir que el 23 de junio ya se habrá despenalizado el aborto, solamente implica que antes del 23 de junio, la Suprema Corte no va a poder tomar ésta decisión, pero a partir del 24 ya podría tomar ésta determinación. Las implicaciones que tiene es que, si se decreta la inconstitucionalidad, quedará fuera del orden jurídico vigente en el Estado”, detalló.
El representante de GIRE opinó que el congreso tiene una nueva oportunidad y un plazo de 90 días para corregir la decisión que una mayoría tomó el año pasado “y citar a Guanajuato junto a las otras 24 entidades federativas que ya han reformado sus códigos penales para permitir que las mujeres que necesiten o deseen interrumpir su embarazo puedan hacerlo de forma legal y segura”, finalizó.
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