Ciudad de México, México.– La seguridad del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. está en duda mientras se acerca su próxima audiencia judicial, programada para el sábado 23 de agosto de 2025.
A raíz de los riesgos de seguridad, el gobierno mexicano ha solicitado que dicha audiencia se lleve a cabo a través de videollamada, o bien, desde el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11 en Hermosillo, Sonora. Esta petición surge luego de los serios temores sobre posibles ataques durante su traslado al tribunal.
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¿Qué pasó con Julio César Chávez Jr.?
El pasado martes, Chávez Jr. fue entregado por las autoridades estadounidenses a México, tras ser detenido por un proceso legal relacionado con cargos de delincuencia organizada y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Tras su entrega, fue ingresado en el CEFERESO número 11, un penal de máxima seguridad, donde se encuentra bajo prisión preventiva como medida cautelar mientras se resuelve su caso.
La situación del boxeador se complica aún más debido a que el traslado desde el CEFERESO hasta la sede del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo podría poner en riesgo su vida, además de la seguridad de los oficiales encargados del traslado. El trayecto atraviesa más de 40 kilómetros de zonas donde operan diversas facciones del Cártel de Sinaloa, como los grupos Los Salazar, Matasalas y La Chapiza, involucrados en una guerra interna que ha dejado más de 200 muertos en el último año.
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¿Por qué temen por su seguridad?
El CEFERESO número 11 está ubicado en una región desértica, a unos 33 kilómetros de Hermosillo, y el trayecto hacia la ciudad no solo atraviesa áreas conflictivas, sino que también obliga a las fuerzas de seguridad a desplazarse a través de zonas donde la violencia del narcotráfico es constante. Esta situación ha llevado a que las autoridades responsables del caso temen por la seguridad tanto de Chávez Jr. como de los oficiales que lo custodian.
El 19 de agosto, la directora del penal solicitó formalmente al juez Enrique Hernández Miranda la posibilidad de que la audiencia programada para el sábado 23 se realice por videoconferencia. En el documento presentado, se expuso que la medida busca garantizar la seguridad e integridad física del boxeador y del personal de seguridad, que estaría expuesto a ataques si el traslado se realiza de manera tradicional.
“Se solicita que la audiencia programada a las 17:00 horas del sábado 23 de agosto, se lleve a cabo desde el interior del Cefereso, por el método alternativo de videoconferencia y/o en la sala que para tal efecto se cuenta en esta Unidad Administrativa”, detalló el documento oficial.
Si el juez opta por realizar la audiencia en el tribunal de Hermosillo, se tendrían que desplegar fuerzas de seguridad para acompañar a Chávez Jr. a través del desierto, lo que incrementaría los riesgos de un posible ataque en una de las áreas más conflictivas del país.
Las acusaciones contra Julio César Chávez Jr.
Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano del mismo nombre, enfrenta serias acusaciones en su país y en Estados Unidos. En México, se le acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas, cargos por los cuales fue arrestado y entregado por las autoridades estadounidenses.
Su detención en Estados Unidos ocurrió el 2 de julio de 2025, luego de que el boxeador perdiera un combate ante Jake Paul en Anaheim. Tras su derrota, las autoridades lo arrestaron por ingresar ilegalmente al país. Durante las semanas siguientes, Chávez Jr. estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, hasta que finalmente fue deportado a México, donde enfrentaba una orden de aprehensión pendiente.
Una vez en México, fue detenido en la garita Dennis Deconcini de Nogales, Sonora, y llevado al CEFERESO 11, donde permanece hasta la fecha bajo prisión preventiva. Además, el pugilista presentó un amparo alegando que se encontraba incomunicado y solicitó su liberación provisional, sin éxito.
El 23 de agosto, Chávez Jr. enfrentará su segunda audiencia judicial, en la que se determinará si se le vincula a proceso o si es liberado bajo ciertas condiciones. La acusación de delincuencia organizada y tráfico de armas, vinculada a su presunto involucramiento con el Cártel de Sinaloa, está siendo tratada por la Fiscalía General de la República, que sigue de cerca el caso.
El boxeador, quien ha estado en el centro de la atención mediática por su carrera en el boxeo y sus problemas legales, se encuentra ahora en una encrucijada que podría cambiar el curso de su vida y su futuro. Los próximos días serán clave en la resolución de este complicado caso, mientras la seguridad de todos los involucrados se mantiene como una preocupación central.