León, Gto.- Solo siete estados del país mantienen el aborto como delito, pese al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha declarado inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo durante el primer trimestre de gestación.
Se trata de Durango, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato, entidades que, aunque han transitado por procesos distintos, comparten hasta ahora la misma omisión: no despenalizar el aborto en las primeras semanas de gestación como ya ocurre en el resto del país.
Ante este rezago, diversas organizaciones han levantado la voz. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) documentó la situación particular de cada uno de estos siete estados, en un diagnóstico que expone la magnitud del incumplimiento.
Pese a mandatos judiciales, siete entidades rechazan legislar a favor de la despenalización
En Durango y Morelos, explica la organización, existen mandatos judiciales derivados de amparos indirectos —116/2023 y 1638/2023, respectivamente— que ordenan a sus Congresos reformar la legislación penal correspondiente; sin embargo, ambas entidades “han decidido ignorar el tema y no han hecho la modificación correspondiente”.
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Querétaro, por su parte, solo contempla dos causales para acceder al aborto: violación e imprudencia o culpa de la persona embarazada. Ante ese vacío legal, activistas han acompañado a mujeres para acceder al aborto en los servicios estatales de salud, con base en el amparo 71/2023 presentado por GIRE “ante la omisión del Estado para garantizar los derechos reproductivos”.
Sobre Guanajuato, la organización señala que se trata de “uno de los estados más conservadores” del país y advierte que está por vencer el plazo que la SCJN concedió al Congreso local para reformar el Código Penal. En Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, agrega GIRE, “no se ha discutido ninguna de las iniciativas presentadas y parece no haber consenso sobre el tema”.
Mientras 24 estados ya despenalizaron el aborto, Guanajuato mantiene la criminalización de las mujeres
El caso guanajuatense ilustra bien ese estancamiento. En los últimos meses, los diputados locales del Partido Acción Nacional en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado han aplazado en repetidas ocasiones la votación sobre la despenalización del aborto, pese a que la Suprema Corte ha exigido reformar específicamente los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal.
El resultado es un mapa cada vez más reducido: mientras 24 estados del país ya permiten el aborto voluntario dentro de las primeras semanas de gestación, estos siete —con Guanajuato entre los casos más señalados— siguen resistiéndose a alinear su legislación local con lo que la propia Corte ya definió como un derecho.
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