Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso Mahahual que involucra a la naviera Royal Caribbean y su intención de construir un megadesarrollo turístico en el pueblo pesquero ubicado en Quintana Roo.
De acuerdo con la abogada Irma del Carmen Morales, representante de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), el análisis de la Corte está centrado en cómo el municipio de Othón P. Blanco realizó una serie de cambios en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que permitieron a la naviera presentar el proyecto ante la autoridad ambiental.
“La Corte analizará si las tres demandas de amparo que fueron firmadas por personas de Mahahual, que fueron desechadas por un juzgado federal, debieron serlo o debieron ser admitidas, eso es lo que va a resolver esencialmente”, dijo en entrevista para El Financiero la abogada.
En caso de que la Corte falle en el sentido de que los amparos debieron ser admitidos, esto abriría un proceso en donde se analizaría la legalidad del cambio de uso de suelo que el municipio de Othón P. Blanco realizó para que Royal Caribbean pudiera avanzar en el proyecto conocido como ‘Perfect Day’ México.
Entre los cambios realizados en el PDU está la ampliación de la altura máxima para construcciones en Mahahual, que pasó de 14 a 63 metros, la medida coincidente con el tobogán más alto que pretendía edificar Royal Caribbean para beneficio de sus pasajeros que llegasen a ese destino en el sur del país.
Aunque el gobierno federal ha indicado que la empresa de cruceros desistió en su deseo de realizar un complejo turístico, lo cierto es que la naviera aún considera el proyecto según una declaración de su presidente en el marco de la llamada con inversionistas para comentar los resultados del segundo trimestre.
Si la Corte decide aceptar que los tres amparos continúen su curso, y se encuentra que los cambios en el Plan de Desarrollo Urbano fueron ilegales, Royal Caribbean ya no tendría los elementos necesarios para continuar con su proyecto en los lineamientos inicialmente planteados.
“Si la Suprema Corte decide que las demandas debieron ser admitidas, y establece cierto plazo para las demandas, serviría para muchos casos de luchas ambientales en el país”; agregó Morales.