Ciudad de México, México .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la desaparición de 109 fideicomisos y fondos del Gobierno federal, medida impulsada en 2020 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta resolución, el máximo tribunal del país respaldó el decreto que permitió al Ejecutivo disponer de más de 68 mil millones de pesos, originalmente asignados a diversos instrumentos financieros, para atender necesidades prioritarias como la pandemia de COVID-19.
Entre los fideicomisos eliminados se encontraban mecanismos relevantes como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los fondos de ciencia y tecnología vinculados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine). La desaparición de estos instrumentos fue aprobada en su momento por el Congreso, con mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), bajo el argumento de optimizar el uso de recursos públicos.
Corte descarta inconstitucionalidad
Durante la sesión del 17 de marzo, el Pleno de la SCJN aprobó por mayoría el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, que declaró infundada la acción de inconstitucionalidad 303/2020, promovida por senadores de oposición. La Corte determinó que no se acreditaron violaciones en el proceso legislativo ni elementos que invalidaran la decisión del Congreso.
En su resolución, el tribunal señaló que los fideicomisos son mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo y que su eliminación no implica, por sí misma, una afectación a derechos fundamentales, sino un cambio en la forma en que el Estado administra los recursos públicos.
Obligación de proteger derechos
No obstante, la Corte también subrayó que las políticas de austeridad deben respetar los derechos humanos y el principio de progresividad. En ese sentido, estableció que el Gobierno federal está obligado a destinar recursos presupuestales para atender a los sectores que pudieran verse afectados por la desaparición de estos fondos.
El ministro presidente Hugo Aguilar destacó la importancia de mantener garantías presupuestarias para proteger derechos, mientras que el ministro Giovanni Figueroa Mejía planteó la necesidad de un control más estricto sobre el uso del gasto público.
Señalamientos sobre manejo de recursos
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama recordó que el Gobierno federal llegó a contar con más de 300 fideicomisos que concentraban cerca de 835 mil millones de pesos, muchos de ellos operados mediante esquemas que dificultaban su fiscalización.
Entre los ejemplos mencionados, destacó transferencias millonarias a empresas a través de fondos del Conacyt, irregularidades en fondos mixtos y sobrecostos en programas públicos, lo que, según señaló, evidenciaba la necesidad de replantear estos mecanismos financieros.
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La decisión de la SCJN marca un precedente en torno a la facultad del Estado para reorganizar sus instrumentos presupuestarios, al tiempo que deja abierta la exigencia de garantizar que los recursos públicos continúen cumpliendo su función social.