León, Guanajuato.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo presentado por la periodista originaria de León, Myrna Gómez Vázquez, quien buscaba ampliar a más de 30 días el plazo para recibir protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La comunicadora señaló que la decisión deja en vulnerabilidad a quienes permanecen bajo amenaza.
Luego de sufrir desplazamiento forzado de su ciudad debido a amenazas, un allanamiento y un ataque armado en 2019, derivados de diversas notas periodísticas relacionadas con un grupo delictivo de la región Laja-Bajío en Guanajuato, Myrna solicitó protección del Estado y fue incorporada al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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En su momento, la ayuda recibida le permitió cambiar de domicilio hacia otro lugar, hasta que en 2022 le fue retirada la protección del mecanismo bajo el argumento de que había vencido el plazo de 30 días para renovar la solicitud. Esto, además de dejarla vulnerable ante las amenazas vigentes en su contra, deterioró su salud hasta desarrollar una enfermedad autoinmune.
En abril de 2024, acompañada por el equipo jurídico de CIMAC, Myrna presentó un amparo para revocar esta determinación. Con ello, además de resolver su caso, buscaba establecer un precedente para evitar que otras personas acogidas bajo el mecanismo fueran expuestas a una situación similar.
Sin embargo, el pasado 9 de junio, la Suprema Corte decidió rechazar su petición por cinco votos contra tres, al considerar que el plazo de 30 días representa una configuración legal razonable y que no vulnera el derecho de acceso a la justicia ni el principio pro persona.
En un comunicado, CIMAC lamentó la decisión tomada por las ministras Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, así como por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, al considerar que se desconocieron las necesidades e intereses de Myrna y de cualquier persona que pueda encontrarse en una situación similar de vulnerabilidad.
La organización señaló que tampoco se tomó en cuenta la protección reforzada que requieren las mujeres periodistas y sus familias.
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Aunque Myrna no quedó desprotegida, debido a que la sentencia ordenó realizar nuevamente un análisis de riesgo de su caso y determinar nuevas medidas de protección para ella y su familia, la periodista lamentó que no se haya considerado su petición original, con la que esperaba una reforma integral al mecanismo.
“Se marcó un precedente, pero yo no nada más lo veía por mí, yo ya lo estoy viviendo y lo estoy librando como puedo. Se esperaba marcar un parteaguas para poder hacer políticas públicas y modificar los reglamentos, las leyes, todo, para poder ayudar a más compañeras. Somos muchas mujeres las que estamos pasando por esta situación, y hay niños que están en desventaja y no se les está tomando en cuenta porque no son periodistas”, expresó.
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