León, Gto.- La comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de León confirmó que al menos dos estudiantes fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por el paro de labores y toma de campus. Ante esto, se han pronunciado, asegurando que existe apertura al diálogo, en tanto se atiendan sus exigencias mínimas.

A través de un pronunciamiento, la Red Estudiantil de Apoyo y Defensa del Instituto Tecnológico de León calificó como preocupante la decisión institucional de proceder legalmente contra alumnos, sin haber agotado previamente los canales de comunicación y conciliación.

Las y los estudiantes denunciaron que la acción fue emprendida “sin previo diálogo con los estudiantes ni intento alguno de resolver la situación por la vía del entendimiento”, lo que, advirtieron, ha derivado en un proceso de “represión y criminalización del movimiento”.

“Seguiremos firmes, unidos y con la frente en alto, porque defender lo justo nunca será un error ni un delito”, expresaron en su posicionamiento.

En el documento, las y los estudiantes recordaron que el propio Reglamento del Tecnológico Nacional de México (TecNM), en su artículo 6, fracciones IV y XII, reconoce el derecho del alumnado a ejercer la defensa de sus derechos conforme a la participación democrática y la cultura de paz.

Asimismo, señalaron que el artículo 8, fracción VI, establece que ningún integrante de la comunidad educativa puede “obstruir bajo amenazas o presiones la presentación de denuncias ante cualquiera de las instancias facultadas para tales fines”.

Bajo ese marco, los manifestantes insistieron en que la defensa de sus derechos de manera pacífica no constituye una falta ni un acto de indisciplina, sino una expresión legítima de participación estudiantil.

“Defendemos los valores que sustentan la educación tecnológica de México”, subrayaron.

La comunidad estudiantil reiteró su llamado a las autoridades del Tecnológico para que se privilegie la vía del diálogo, se garantice el respeto a los derechos humanos y se detenga cualquier intento de intimidación o represalia contra quienes participaron en las movilizaciones; al tiempo que reiteraron su disposición al diálogo respetuoso y transparente, una vez que sus demandas mínimas sean atendidas.