Guanajuato, México.- La lucha de cientos de personas por justicia en el Caso Punto Legal sigue sin dar frutos, mientras el sistema judicial y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se ven abrumados por la magnitud del problema.
La red de fraudes inmobiliarios encabezada presuntamente por Édgar Francisco “N” ha dejado a más de 360 víctimas que invirtieron sus ahorros en la compra de viviendas en remates bancarios que nunca existieron.
Estas personas ahora enfrentan un proceso judicial que se prolonga sin ofrecer solución a sus reclamos, mientras el monto del fraude se estima en 130 millones de pesos.
El caso, que abarca ya 12 causas penales, de las cuales solo cinco han llegado a audiencia intermedia, representa uno de los fraudes inmobiliarios más grandes en el estado.
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Este martes, un grupo de víctimas y sus abogados se presentó en la Sala 3 de los Juzgados Penales de León, donde Angelina, una de las afectadas, alzó la voz: “Tenemos derechos (…) esto se ha alargado bastante (…) necesitamos respeto”.
Sin embargo, la decisión ya estaba prácticamente tomada. El juez Juan Anselmo Monjaraz Mendoza reafirmó la consideración de que se trata de un “delito continuado” y no un delito instantáneo, en consonancia con un amparo concedido en julio por la jueza federal Paola Patricia Ugalde Almada.
Para las víctimas, esta interpretación legal es vista como una estrategia que facilitaría la acumulación de causas en una sola sentencia, lo que reduciría el posible tiempo en prisión para Édgar Francisco “N” a un máximo de 10 años, además de permitirle eludir el pago de reparación de los daños.
En este escenario, el presunto responsable podría quedar en libertad, mientras que las víctimas continuarían lidiando con deudas que los han dejado al borde de la ruina.
Mientras tanto, la Fiscalía del Estado no ha avanzado en la investigación sobre el paradero de los 130 millones de pesos defraudados. Hasta la fecha, no se ha informado si se ha rastreado el destino de esos fondos o si se siguió algún esquema de ocultación.
Para los afectados, la falta de respuestas incrementa la frustración y el sentimiento de abandono. Muchos de ellos invirtieron sus ahorros, vendieron propiedades e incluso contrajeron préstamos con la esperanza de adquirir una vivienda propia.
Hoy no solo enfrentan la pérdida de su patrimonio, sino que se ven atrapados en un proceso judicial que parece interminable, reflejando las deficiencias del sistema judicial para atender casos de gran impacto social en México.
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