Salamanca, Guanajuato.- Concesionarios del transporte público de ruta fija, urbano y suburbano de Salamanca solicitaron la intervención del Gobierno municipal ante las detenciones de sus unidades por parte de elementos de la Policía Estatal de Caminos, debido a que consideran que estos agentes no tienen atribuciones para realizar dichas acciones. Además, buscan mejorar el diálogo con el titular de Movilidad, luego de que este advirtió que, si no cumplen con lo que está solicitando, los sacará de operaciones y, en su lugar, incorporará 300 camiones de la empresa ACNA, unidades dedicadas actualmente al transporte de personal para diversas empresas.
Roberto Calvillo Ramiro, representante de los transportistas, informó que primero sostuvieron una reunión en el C4 con autoridades del área de Transporte y un representante de Seguridad Pública municipal, donde expusieron los problemas que enfrenta el sector.
Posteriormente, los concesionarios acudieron al Ayuntamiento y se reunieron con el secretario, Gonzalo Esaú Cano Calvete, a quien solicitaron intervenir ante la Secretaría de Seguridad del Estado para revisar las acciones de la Policía Estatal de Caminos.
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De acuerdo con Calvillo Ramiro, elementos estatales han detenido unidades mientras cubren sus rutas, sin justificación alguna.
“El argumento central es diferenciar entre jurisdicción y competencia, pues aunque algunas vialidades sean de jurisdicción estatal, la regulación del transporte urbano corresponde a la autoridad municipal. Creemos que nos asiste la razón para que no intervenga la Policía Estatal de Caminos”, señaló.
El segundo punto que llevaron ante el secretario del Ayuntamiento fue la posible incorporación de 300 unidades de ACNA, situación que consideran una amenaza para los concesionarios locales.
Calvillo Ramiro afirmó que el director general de Movilidad les habría pedido no comprar camiones nuevos o de modelo reciente hasta recibir indicaciones sobre qué tipo de unidades deberán adquirir, bajo el argumento de que, de no cumplir con esas disposiciones, existen 300 camiones de ACNA disponibles para cubrir las rutas.
Los transportistas cuestionaron esta postura, al considerar que, si una unidad cumple con los requisitos establecidos por la ley, no debería quedar a criterio de un funcionario determinar qué modelos pueden o no incorporarse al servicio.
“¿Por qué la ley tiene que estar supeditada a que el director determine cuáles sí y cuáles no?”, cuestionó el representante.
El conflicto preocupa especialmente a los concesionarios que ya han invertido en la renovación de sus unidades.
Calvillo Ramiro relató incluso el caso de una transportista que ya había comprado un camión y que recibió como respuesta de la autoridad que no adquiriera más unidades hasta que se definieran las características requeridas.
El representante de los transportistas consideró innecesaria esta presión, particularmente porque, aseguró, existe disposición de los concesionarios para mantener el diálogo y atender las observaciones realizadas por el municipio.
Tras el encuentro con el secretario del Ayuntamiento, se acordó revisar tanto el tema de las intervenciones de la Policía Estatal como el relacionado con las unidades que se dijo pueden incorporarse al servicio.
Calvillo Ramiro señaló que en las reuniones también se revisaron asuntos operativos y la conducta de los operadores, aspectos que, dijo, forman parte del trabajo cotidiano que los concesionarios realizan para corregir.
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En esta reunión participan representantes de rutas urbanas y suburbanas de Salamanca, así como concesionarios de comunidades como Zapote de Palomas, Cerro Gordo, San Juan de Razos, La Labor y La Ordeña, además de empresas y rutas urbanas de Salamanca.
El dirigente transportista insistió en que los asuntos de fondo requieren la participación directa de las autoridades municipales y estatales, por lo que consideró urgente mantener el diálogo antes de que el conflicto escale y los concesionarios tengan que tomar otras decisiones, concluyó.
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