A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario republicano aseguró que, de no cumplirse estas condiciones, Estados Unidos respondería con acciones militares dirigidas a instalaciones estratégicas iraníes. Entre los posibles objetivos mencionó centrales eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg e incluso plantas de desalinización.
Trump subrayó que estas medidas serían una respuesta a ataques previos y a la muerte de soldados estadounidenses en el contexto del conflicto. Además, afirmó que su administración mantiene conversaciones con lo que describió como un “nuevo y más razonable régimen” en Irán, aunque condicionó cualquier avance a la reapertura inmediata del estrecho.
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El Estrecho de Ormuz es considerado una ruta vital para el comercio energético mundial, ya que por esta vía transita cerca del 20% del petróleo global. Tras las declaraciones de Trump, los precios del crudo registraron un aumento ante el temor de una posible interrupción prolongada en el suministro.
Sin embargo, desde Teherán la postura es distinta. El gobierno iraní aseguró que no existen negociaciones directas con Washington. El portavoz de la cancillería, Esmaeil Baqaei, indicó que solo han recibido mensajes indirectos mediante intermediarios, pero calificó las propuestas estadounidenses como “excesivas e irrazonables”.
Asimismo, Irán se deslindó de las iniciativas diplomáticas impulsadas por países como Pakistán, Arabia Saudí, Egipto y Turquía, que buscan mediar en el conflicto. Las autoridades iraníes reiteraron que no participan en ese mecanismo y cuestionaron la voluntad real de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.
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En paralelo, Teherán denunció los ataques recientes contra instalaciones nucleares, atribuidos a Estados Unidos e Israel, calificándolos como violaciones al derecho internacional. También criticó la postura del Organismo Internacional de Energía Atómica por lo que consideran una falta de imparcialidad ante estos hechos.
Mientras tanto, Washington mantiene una estrategia dual: por un lado, extiende los plazos para permitir el avance de la diplomacia; por otro, incrementa la presión militar con la posibilidad de un ataque si no se cumplen sus condiciones.
El escenario mantiene en alerta a la comunidad internacional, ya que cualquier escalada en la región podría tener repercusiones directas en la economía global y en la estabilidad energética.