Autoridades federales confirmaron que Rocha Cantú fue incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas, mecanismo utilizado por la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— cuando existen indicios de lavado de dinero o financiamiento ilícito.
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Orden de captura y cargos por delincuencia organizada
La orden judicial derivó de una investigación federal que señalaba al empresario como integrante de una red criminal. El mandamiento fue emitido el 15 de noviembre por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de drogas, armas y robo de hidrocarburos.
El pacto con la FGR: sobornos y acceso a información reservada
De acuerdo con reportes publicados por Milenio y El País, Rocha Cantú habría entregado sobornos millonarios a funcionarios de la FGR para obtener información privilegiada sobre las investigaciones en su contra y sobre otros integrantes del grupo criminal al que presuntamente pertenecía.
Los montos de los sobornos habrían alcanzado hasta dos millones de pesos, según revelan documentos y testimonios citados por ambos medios.
A pesar de la orden de captura, el empresario negoció un criterio de oportunidad, que lo convirtió en testigo colaborador protegido a cambio de entregar datos relevantes sobre las operaciones y cómplices de la estructura delictiva.
Participación en red internacional de huachicol
Una investigación de El País detalla la operación de tráfico ilegal de combustible en la que estaría involucrado Rocha Cantú. El esquema incluía la importación de hidrocarburos provenientes de Guatemala y Estados Unidos, particularmente de la refinería Deer Park, en Houston, Texas.
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El combustible sudamericano también era ingresado por el río Suchiate en lanchas, para luego ser almacenado en pipas y distribuido en distintos puntos del territorio nacional.
Protección a la red: pagos al crimen organizado y a autoridades
El medio español también publicó fragmentos de conversaciones intervenidas por las autoridades mexicanas, donde se mencionan a Rocha Cantú, Jacobo Reyes León y Daniel Roldán Morales.
Las llamadas revelan pagos a grupos criminales, así como a elementos de la Guardia Nacional y de la propia FGR, con el fin de garantizar el traslado seguro del combustible robado.
En una de las interceptaciones se escucha:
“Esos weyes ya nos van a cuidar al punto que van a escoltar las unidades… que vaya un wey de punta para que no tengan pedo y el chofer se sienta tranquilo.”
El caso continúa bajo investigación mientras el empresario coopera con la FGR como testigo protegido.