Guanajuato, Guanajuato.- A dos años y medio de la entrada en vigor de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género en el estado, 20 de los 46 ayuntamientos de Guanajuato incumplen con la creación de sus áreas de atención especializada y la asignación de presupuesto específico para este sector de la población.
La omisión fue señalada este miércoles por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, al aprobar el dictamen de un exhorto formal dirigido a los cabildos omisos, luego de que en septiembre pasado se les requirió un informe justificativo sobre sus avances, sin que las administraciones solventaran el requerimiento.
El listado de gobiernos municipales sin unidades de atención incluye a administraciones de distintas fuerzas políticas: Salamanca y San José de Iturbide, emanados de Morena; Juventino Rosas y Abasolo, gobernados por Acción Nacional; así como Apaseo el Alto, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Guanímaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.
De acuerdo con los artículos 18, 20 y 30 de la legislación estatal, los ayuntamientos tienen la obligación de contar con áreas específicas y personal capacitado para orientar en denuncias por discriminación, brindar acompañamiento jurídico y capacitar a las corporaciones policiales locales. Estos rubros corren el riesgo de quedar fuera de los presupuestos de egresos para el ejercicio 2027.
Esta situación en los municipios coincide con las complicaciones que enfrenta la administración estatal tras la renuncia, la semana pasada, del subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género, Héctor Ricardo García Frausto, quien señaló dificultades operativas y un ejercicio de apenas 750 mil pesos de una partida anual de 10 millones de pesos.
Ante este contexto, la comisión legislativa dio trámite a una solicitud dirigida a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que informe sobre la renuncia del funcionario, proceda al nombramiento de una persona titular con el respaldo de organizaciones ciudadanas y dé seguimiento a la capacitación en dependencias estatales y a la apertura de la clínica especializada.
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