A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano informó que el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional y ordenó la activación inmediata de los planes de defensa nacional, ante una escalada que, aseguró, pone en riesgo la soberanía del país.

Desde alrededor de las 2:00 de la madrugada, se reportaron fuertes detonaciones, sobrevuelos de aeronaves y ataques con drones en puntos estratégicos del país. Entre las zonas afectadas se encuentran el Puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna, la sede de la Policía Nacional Bolivariana (El Helicoide) y la Base Aérea Francisco de Miranda, en La Carlota, Caracas.
También se confirmaron bombardeos en Higuerote y Charallave, en el estado Miranda, así como cortes de energía eléctrica en el sur de la capital. En respuesta, se activaron los sistemas de defensa antiaérea y se desplegaron fuerzas militares en distintas regiones.
“Pueblo a la calle”: llamado a la lucha armada

En el pronunciamiento difundido por el canciller Yván Gil, el gobierno bolivariano llamó a todas las fuerzas sociales, políticas y populares del país a movilizarse y a enfrentar lo que describió como una agresión imperial.
“Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia. Pueblo a la calle”, señala el comunicado, en el que se convoca explícitamente a la lucha armada para defender la soberanía nacional.
El gobierno afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en coordinación con organizaciones populares y cuerpos policiales, se encuentra desplegada en todo el país para garantizar la defensa del territorio.
Denuncia ante organismos internacionales

Venezuela anunció que llevará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de Países No Alineados, con el objetivo de exigir una condena internacional contra el gobierno estadounidense.
El comunicado sostiene que el ataque constituye una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, y advierte que el país se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, conforme al artículo 51 del mismo documento.
“El objetivo de esta agresión es apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela y quebrar su independencia política. No lo lograrán”, concluye el texto oficial.
