León, Guanajuato.- Mientras los afectados por el megafraude cometido por el despacho Punto Legal, en León, acusan retrasos y la falta de pagos de las medidas reparatorias dictadas desde 2024 en una de las causas penales, las autoridades estatales afirmaron que el caso sigue abierto y vigente, con una audiencia programada para el 5 de junio.
El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste aseguró que la causa, que acumula alrededor de 500 denuncias penales por fraude contra Édgar Francisco N y sus asociados, sigue bajo investigación. Además, señaló que se han asegurado algunos bienes para garantizar las reparaciones económicas; sin embargo, por tratarse de un caso muy complejo, su resolución no ha sido inmediata.
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Incluso envió un mensaje de tranquilidad al grupo de afectados, en su mayoría personas adultas mayores, que se manifestó la semana pasada afuera de las oficinas número 12 del Poder Judicial Federal. Los manifestantes acusaron a la Dirección de Delitos Patrimoniales de la FGE de mantener, durante tres años, sin avances la audiencia por asociación delictiva, de la que esperan obtener sentencias condenatorias para el resto de los implicados en la red de fraudes.
“Esa investigación va bien, va firme; tenemos asegurados bienes y no ha terminado. Es un asunto muy complejo por los impactos económicos que tiene, pero no hemos terminado y creemos que hay posibilidades de que avance y crezca para bien. La gente está muy preocupada por la afectación económica que ha sufrido, pero queremos seguir trabajando. Estamos buscando la ubicación de los recursos; queremos asegurar y devolver, en la medida de lo posible, todo el dinero que se ha defraudado en su contra”, dijo.
Por su parte, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Alma Delia Camacho Patlán, aseguró que aún hay juicios pendientes por realizarse, con una audiencia programada para el 5 de junio.
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“Sigue el juicio; está atendido por una jueza que, inclusive, a veces no puede salir de vacaciones por atenderlo. Tenemos que estar cuidando el proceso y, cuando se dicte la sentencia, los jueces de ejecución se encargarán de hacer lo que corresponde”, afirmó.