Ciudad de México, México.- El jueves pasado, Truong My Lan, una destacada magnate inmobiliaria en Vietnam, fue condenada a muerte por su participación en un escándalo de corrupción que involucró pérdidas estimadas en $27.000 millones.
Lan, quien dirigía la inmobiliaria Van Thinh Phat, fue declarada culpable de defraudar al Saigon Commercial Bank (SCB) durante un período de diez años.
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¿Cómo fue el caso?
El veredicto, anunciado por medios estatales, resaltó que las acciones de Lan minaron la confianza en el liderazgo del Partido Comunista y del Estado. Este caso representó el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en 2023. Lan fue una de los 86 acusados en este caso, que incluyó a ex altos funcionarios del banco central, del gobierno y ex ejecutivos del SCB.
El juicio, que duró cinco semanas, tuvo lugar en la ciudad sureña de Ho Chi Minh y abordó delitos que van desde sobornos hasta abuso de poder. Aunque Lan presuntamente malversó $12,500 millones, los fiscales afirmaron que el esquema total causó pérdidas por $27.000 millones.
La empresaria negó los cargos y responsabilizó a sus subordinados. Alegó que si cometió delitos, ella no lo sabía. En sus últimas palabras ante los jueces, confesó haber considerado el suicidio debido a su desesperación y arrepentimiento por involucrarse en un entorno empresarial tan competitivo, como el sector bancario, del cual tenía poco conocimiento.
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¿Quién es la empresaria condenada a pena de muerte?
Truong My Lan, de 67 años, es la figura de más alto perfil en una “cruzada anticorrupción” lanzada en 2016 por las autoridades vietnamitas. La magnate, que inicialmente incursionó en el negocio de accesorios para el cabello, se convirtió en una prominente empresaria inmobiliaria, fundando el grupo Van Thinh Phat en 1992. Durante el juicio, ofreció entregar varios activos de su familia para compensar las pérdidas causadas al SCB.
La pena de muerte es común en Vietnam y se aplica para diversos delitos, incluyendo la corrupción económica. Sin embargo, los mayores de 75 años están exentos, y los funcionarios condenados por corrupción pueden recibir un perdón si devuelven al menos el 75% del dinero obtenido ilícitamente.
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