Guanajuato, Gto.- Miroslava N. fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) por el presunto retiro a una cuenta de ahorro voluntario.
La carpeta de investigación se integró a partir de la denuncia formulada por la representación legal del ISSEG en la capital del estado, luego de que un derechohabiente detectó un retiro no reconocido en su cuenta de ahorro voluntario y solicitó la revisión del movimiento.
Vida Pública
Analizan Congreso de Guanajuato venta de propiedades aseguradas por ISSEG; recaudado irá para pensiones
Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se estableció que el movimiento fue efectuado por una empleada de mostrador, quien presuntamente utilizó de manera indebida los sistemas informáticos y el lector biométrico de huellas digitales con los que opera el Instituto para realizar disposiciones de recursos sin autorización de los titulares de las cuentas.
Las diligencias ministeriales incluyeron el análisis de videograbaciones y la revisión de operaciones efectuadas por la imputada, lo que permitió identificar diversos movimientos con características similares. De acuerdo con la investigación, las disposiciones irregulares ascendieron a un monto de más de 90 mil pesos.
En audiencia, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a la imputada por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, al advertir datos de prueba suficientes sobre su probable intervención en hechos que afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública del ISSEG, al hacer uso indebido de la información y de los sistemas a los que tenía acceso con motivo de sus funciones.
Celaya
Celaya: Sin fecha de obras, ISSEG confirma reparación del estacionamiento Morelos
Durante la misma audiencia, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, petición que fue autorizada por la autoridad judicial por un periodo de seis meses. Como condición, la imputada deberá acudir a firma periódica una vez al mes ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en los términos fijados por el órgano jurisdiccional.
Respecto al daño patrimonial ocasionado, la Fiscalía investigó los hechos bajo el tipo penal de robo calificado cometido por empleado, al acreditarse que los recursos dispuestos eran administrados por el ISSEG y que la institución reintegró las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.
Al tratarse de un delito patrimonial susceptible de mecanismos alternativos de solución de controversias, el Juez ordenó canalizar el asunto al área de mediación en sede ministerial, donde las partes celebraron un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.