1.- Xichú: el cacicazgo que se celebra con recursos públicos
El cacicazgo político de Francisco Orozco Martínez en Xichú ha alcanzado un punto en el que el hartazgo ya no se murmura. Desde su administración, los reclamos apuntan a los excesos de un alcalde que ve en los recursos públicos una extensión de su patrimonio personal.
Este fin de semana, Orozco Martínez celebra su cumpleaños. Hoy con una misa y mañana con una fiesta masiva en la comunidad de La Mina. Al interior del Ayuntamiento crece el rechazo a que el alcalde administre las finanzas como si se tratara de su rancho, con la confianza de quien no distingue entre lo propio y lo público.
De acuerdo con testimonios internos, la comilona estaría financiada con recursos municipales. Esta vez, eso sí, el alcalde tuvo la cortesía de no pasar la gorra entre funcionarios para hacer “vaquita”, una práctica habitual que termina por obligarlos a pagar de su propio salario apoyos que luego el edil presume como gestos personales, saludando con sombrero ajeno.
El nerviosismo político tampoco es un dato menor. Orozco Martínez apenas logró retener el poder con poco más de un centenar de votos en la elección pasada, un cierre apretado que parece haberlo dejado más ocupado en blindar la sucesión que en gobernar bien. No es casual que desde ahora placee abiertamente a su delfín rumbo a 2027: el oficial mayor, Tomás Ramírez Rodríguez. Tampoco es un detalle irrelevante que se trate de su hijo.
El contraste es brutal. Mientras se organiza una fiesta con puerta abierta para todo el pueblo, Xichú arrastra carencias básicas, en las que Orozco Martínez no parece tan ocupado como en sus festejos. La única ambulancia del municipio sigue inoperante y apenas funcionó un par de días tras ser reparada. Para los servicios de emergencia no alcanza; para los placeres del presidente municipal, sí.
Quizá entre música, comida y discursos, la administración apueste a que la memoria colectiva sea corta.
2.- De ser ejemplo, hospitales de Pemex ahora piden caridad
La meta de “proveer servicios médicos de calidad de manera oportuna y eficiente en el primer nivel de atención” no se cumplió. Por el contrario, los servicios de salud brindados por Pemex en su hospital de Salamanca hoy son el reflejo del deterioro del sistema de salud pública que se profundizó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la dirección de Octavio Romero Oropeza, que la actual administración no ha logrado revertir.
Periódico Correo informa cómo derechohabientes del Hospital Regional de Pemex en Salamanca iniciaron una campaña de donación de insumos básicos ante la falta de lo indispensable para brindar atención médica. Un hospital de una empresa productiva del Estado operando gracias a la caridad de sus propios usuarios.
El contraste es brutal. De ser un sistema que presumía reconocimientos por la calidad de sus servicios, hoy la atención médica va en claro detrimento, como reflejo de la decadencia de la propia empresa pública. Lo más grave es que el problema no era desconocido: estaba diagnosticado y, aun así, no se resolvió.
Durante el sexenio de López Obrador, el Plan Estratégico de la Subdirección de Salud 2020-2024 ya identificaba fallas desde 2019, entre ellas el abasto de medicamentos. El porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas era de apenas 73.9 por ciento, lejos de la meta establecida del 90 por ciento.
Para revertirlo, el documento planteaba estrategias como disciplina financiera, eficiencia operativa del gasto y maximización de ingresos, bajo la promesa de innovación, eficiencia y no corrupción.
Según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los servicios de salud de Pemex en 2024 —último año de López Obrador como presidente y de Octavio Romero Oropeza como director— se detectaron inconsistencias que advierten posibles “aviadores”, como “personal registrado en 13 entidades federativas que no cuentan con unidades médicas y careció de información respecto de la formación profesional, la unidad médica, nivel de atención, el tipo de contrato”. A ello se suman inconsistencias en el número de atenciones y en el suministro de medicamentos.
El hospital de Pemex en Salamanca es hoy parte del retrato de un deterioro acelerado, a pesar del respaldo presupuestal del gobierno federal. La corrupción no se erradicó, la ineficiencia persistió y las consecuencias son claras: quienes pagan el costo son los trabajadores petroleros y sus familias.
3.- Avalan control de Guerrero Agripino sobre UG
Hoy, a las 10 de la mañana, el Consejo General de la Universidad de Guanajuato sesiona de manera extraordinaria para definir los siete perfiles que serán renovados en la Junta Directiva.
La decisión, que en teoría podría equilibrar fuerzas y reducir la concentración de poder que aún mantiene el exrector Luis Felipe Guerrero Agripino, no apunta en esa dirección. Por el contrario, todo indica que la rectora Claudia Susana Gómez López ha decidido perpetuar esas mismas estructuras, aun a costa de minar su propia credibilidad y el legado de su gestión.
Son siete los espacios que se renuevan en la Junta Directiva: cuatro perfiles internos y tres externos. El dictamen —del que se tiene copia— anticipa la reelección de Cirila Cervera Delgado, Eugenia Garay Sevilla y José Antonio de Jesús Álvarez Canales, así como la incorporación de Víctor Manuel Reyes Espino. En el caso de los perfiles externos, la continuidad será total: Rocío del Alba Llarena del Rosario, Vicente Rico Ramírez y Manuel Fermín Villar Rubio repetirán en el cargo.
De acuerdo con fuentes universitarias, la decisión de mantener prácticamente intacto el control que ejerce Guerrero Agripino sobre la Junta Directiva obedecería a un compromiso: asegurar la reelección de Gómez López. Así, se repiten los mismos vicios y se compromete la autonomía de la máxima casa de estudios frente a intereses personales.
Resulta especialmente llamativo que, entre los perfiles internos registrados, no figure como virtualmente electo el doctor José Luis Lucio Martínez, exrector del Campus León e investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. Cercano en su momento a Guerrero Agripino, se convirtió después en una voz crítica. Ese giro pesó más que su trayectoria académica.
La sesión de hoy formará parte de los retratos que deje la rectora. Puede marcar distancia y defender la autonomía universitaria, o permitir que la inercia siga definiendo su gestión, convalidando decisiones que poco abonan a la democracia interna.
Contra Retrato
Viridiana Márquez Moreno
La contralora del gobierno municipal de León recurrió al malabarismo institucional para justificar la tardanza —y la tibieza— en al menos dos asuntos que hicieron crisis a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.
En la sesión de Ayuntamiento de ayer, Márquez Moreno no ofreció avances sustanciales sobre las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el Parque Metropolitano, detonadas tras la llegada de Margarita Alba Contreras, esposa del regidor Hildeberto Moreno Faba, uno de los más cercanos a la presidenta municipal. De seis investigaciones, cinco siguen “en trámite” y solo una fue concluida. Esa resolución fue impugnada ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que la confirmó en los mismos términos dictados por la Contraloría.
La confirmación no equivale a una validación del trabajo de la Contraloría. El expediente correspondía a una denuncia por acoso sexual que fue clasificada como falta no grave, no por una valoración exhaustiva de los hechos, sino porque la Ley de Responsabilidades Administrativas no contemplaba entonces el acoso como falta grave. Fue hasta noviembre, tras una reforma impulsada desde el Congreso local por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo que ahora se califica como grave.
El caso del Zoológico de León es distinto y más incómodo. Aquí las irregularidades no se quedaron en denuncias internas: intervinieron la Profepa y un amparo obligó al municipio a realizar mejoras urgentes. A diferencia del Parque Metropolitano, el archivo no parece una salida sencilla.
La regidora del Partido Verde, Norma López Zúñiga, ya hizo señalamientos en comisiones en este sentido. Ayer, la morenista Vanessa Montes de Oca exigió plazos claros y resultados. El punto es que el director del zoológico, Rigoberto Montes Palomares, deja el cargo mañana, y la Contraloría no ha informado nada sobre el fondo de sus indagatorias.
Como ocurre con la Secretaría de la Honestidad a nivel estatal, las contralorías municipales parecen funcionar más como oficinas de administración del escándalo que como instancias de rendición de cuentas y control.