1.- Zamarripa, el zar desplazado
Tal parece que asistimos al surgimiento de un nuevo dúo dinámico al frente de la seguridad de Guanajuato. El Secretario de Seguridad y Paz, Mauro González Martínez, ahora hace mancuerna con el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Gustavo Vázquez Alatriste, para intentar abrir bocas en este arranque de sexenio.
Como en los mejores tiempos de Alvar Cabeza de Vaca Appendini y Carlos Zamarripa Aguirre, la espectacularidad de las grandes detenciones hizo aparición ayer, cuando se anunció la vinculación a proceso penal de Federico N. “El Toro” y a Octavio N, quienes fueron detenidos infraganti robando combustible pero, según se informó, el primero es generador de violencia en León y sus alrededores.
Pero vaya que hay diferencias entre aquellos espectaculares informes que se volvieron habituales durante 12 años, a este con el que debuta la estrategia adoptada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
De entrada salta la novedad de que la FGR dejó la pasividad para involucrarse, por primera vez en diez años de crisis de violencia, en la estrategia estatal. Un pequeño gran detalle si se considera la absurda discusión entre los delitos que son del fuero federal y estatal, cuando los grupos criminales evidentemente cometen ambos. Así que ahí ya se tiene un primer logro.
Del festivo comunicado enviado por la SSP de Guanajuato, también es importante resaltar las condiciones de flagrancia en la que fueron vistos los detenidos. Elemento fundamental para asegurar lo más posible el procesamiento en el fuero federal de unos detenidos; justo una de las falencias históricas de las estructuras de seguridad del régimen pasado.
Ahora bien, si bien en 2019 se aprobó una ley que establece penas de hasta 30 años de prisión y multas significativas para quienes sean hallados culpables de robo de hidrocarburos, una de las grandes quejas de Andrés Manuel López Obrador en su momento fue que los jueces federales no lo consideraban un delito de gravedad por lo que liberaba a los detenidos.
Si el acto por el que lograron vincularlos en el fuero federal, fue estar ordeñando un ducto, eso nos lleva al principal acento del informe que es la violencia que presuntamente generaba Federico N entre León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Delito del fuero común que también habrá de ser procesado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en una curiosa operación invertida.
Usualmente era la FGE la que detenía por delitos del fueron común, para luego entregar al detenido ante la FGR. Incluso, es de recordar que José Antonio Yepez Ortiz alias el Marro, fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido por el delito de secuestro y en lo posterior fue presentado ante la justicia federal.
Ahora, al parecer, será al revés con un Zamarripa invitado a las reuniones de coordinación, pero al margen de estas.
2.- Prodheg: prioridades postergadas
La promesa de abatir la inseguridad y la violencia, no podría ser omisa en la defensa de los derechos humanos. Al menos no cuando se habla del tema con toda vehemencia de estrategias, modelos, inteligencia e investigación, frente a un panorama de ingobernabilidad, crimen y deterioro social. Más que un complemento, es el centro de la lucha por la pacificación.
Así lo entienden las organizaciones civiles que se hicieron presentes ayer en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que será presidida por Plásida Calzada Velázquez, la primera diputada indígena del Congreso de Guanajuato.
Un proceso oportuno, transparente, legítimo e incluyente para definir la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), es la causa de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, representados por Raymundo Sandoval Bautista, quien ayer recordó el bochornoso antecedente de 2020, cuando se eligió al panista Vicente Esqueda Mendez.
La remembranza del catedrático, investigador y activista es más que pertinente. Se trató de una gestión que tuvo su acento político más no legal en la incidencia de los derechos humanos. Sobre todo si se retoman sus métodos disruptivos con la cadena de mando de las violaciones de los derechos humanos, pues con él se dejó de señalar a las máximas autoridades al emitir resoluciones de corto alcance.
Ahora lo que trasciende es una supuesta intención de postergar el proceso de la Prodheg y tomarse el tiempo, administrar el tema y convocar ya bien entrado el 2025. Algunos señalan al actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Rolando Alcántar Rojas, pero el hecho es que en general, el PAN no ha mostrado mayor interés en el tema.
Por lo pronto, queda la demanda de establecer una convocatoria que incluya el Parlamento Abierto y la participación amplia de todos los sectores, que haya una deliberación al momento de las entrevistas y que sociedad civil tenga la oportunidad de preguntar y poner estudios de caso prácticos para las personas candidatas. A ver a qué tanto “se animan”.
3.- Sapal: soluciones al paso
Muy al margen del Plan Nacional Hídrico planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), ya se plantea medidas transitorias para el surtimiento del recurso desde puntos externos a la ciudad zapatera. Salir al paso en lo que toma claridad el plan de agua para Guanajuato, con lo que se tiene ya a la mano.
Una de estas medidas ya declaradas abiertamente es la rehabilitación y funcionamiento de presas ya existentes en municipios vecinos. Una de ella es la Presa de Gavia en Romita que, según trascendió será ya el primer punto a trabajar para el surtimiento de agua a León, aún sin quedar del todo claro que otras infraestructuras se sumarían.
Las otras fuentes que aparentemente están listas son dos pozos que ya estaban en concesión de Sapal, pero que no estaban siendo aprovechados. Según indicaron fuentes al interior del organismo que preside Antonio Morfín Villalpando, las reservas de agua en estos puntos son bastantes y ayudarían a paliar las sequías cada vez más recurrentes.
Pero no se puede olvidar un antecedente crucial. En 2020 Sapal padeció la suspensión definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato (TJAG) a un acuerdo del Ayuntamiento de Purísima del Rincón que le habilitaba para equipar un pozo que fue foco de quejas y denuncias como ilegal y abusivo por campesinos. En suma, la extracción exacerbada en territorio ajeno.
Es por ello que no se puede tomar el tema por zanjado. Actualmente Sapal se abastece mediante 119 pozos, así como de la presa El Palote, para ofrecer el servicio de agua potable mediante una red de distribución de 6 mil 264 kilómetros, de manera que la ubicación y el nivel de extracción de estos pozos cuenta y mucho.
CONTRA RETRATO
Pablo Muñoz Huitrón
Asume una dirección de seguridad pública conflictuada entre las carencias de los policías de base y el abordaje de los exagentes federales contratados como agentes externos. Una situación que se refleja en un estado de fuerza mermado por el acecho criminal y las divisiones internas. Todo en medio de una crisis criminal que literalmente ahoga a Celaya. La rifa del tigre, le llaman.
Pablo Muñoz Huitrón se presentó ante sociedad ayer como la nueva cabeza de la seguridad que, de entrada, se encontrará con la anómala presencia de la Guardia Nacional haciendo las veces de policía municipal, mientras esta permanece tomada por el Ejército debido a la revisión -minuciosa al parecer- de las armas que ya suma 45 días.
Como exintegrante de la Policía Militar, Muñoz Huitrón conoce perfectamente de corporaciones castrenses dedicadas a la prevención del delito desde la vía civil. Tal vez pensando en ello y en la ocupación de la Guardia Nacional, fue que su nombre le fue recomendado al alcalde Juan Miguel Ramírez quien lo recibió gustoso.
Ayer la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que solicitó que la Guardia Nacional amplíe el resguardo que realiza actualmente a 30 alcaldes que ya están próximos a iniciar su gestión, para darles tiempo de consolidar su equipo de seguridad pública. Un tiempo que es aún más escaso para el titular de seguridad pública en Celaya.
En el caso de Celaya, Libia Dennise indicó que se extenderá de la misma manera, aunque admitió que no es el mecanismo óptimo que la Guardia Nacional esté a cargo de la seguridad pública de los municipios. Así que es bajo esa anómala situación, que Muñoz Huitrón deberá rearmar a la policía de Celaya y hacer valer sus años en el campo.