San Miguel de Allende, Guanajuato .- A cuatro meses de que cerrara sus puertas al público, la zona arqueológica de Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende retomó actividades con una ceremonia tradicional en la que representantes de comunidades indígenas agradecieron la recuperación del espacio y rindieron homenaje a los arqueólogos que iniciaron el proyecto de restauración en los años 80.
Aún bajo el resguardo de la Guardia Nacional, autoridades federales y estatales acompañaron en la reapertura del centro ceremonial en la que participaron miembros de pueblos originarios de San Miguel de Allende, San Luis de La Paz y Comonfort, quienes fueron recibidos en el acceso del lugar por mayordomos de Cañada de la Virgen para juntos solicitar permiso a lo cuatro vientos y bendecir el lugar.

Durante el evento, representantes de los pueblos indígenas agradecieron especialmente la intervención de Jesusa Rodríguez para lograr la reapertura de la zona que exigían como propia por su importancia historia y ceremonial.
“Aquí estamos lo verdaderos dueños de los espacios, las comunidades indígenas que hemos sido despojadas y que no nos permitían el paso. Nunca más un México sin nosotros, nunca más un San Miguel sin los sanmiguelenses y sin los pueblos originarios”, señaló Carmen Álvarez, representante del INPI.

Los asistentes accedieron a la pirámide principal en donde, en el punto más alto, rindieron tributo a La Jerarca para posteriormente depositar ofrendas en el patio hundido en donde llevaron a cabo un sencillo homenaje a Luis Felipe Nieto, primer arqueólogo que solicitó el rescate del sitio y que proyectó que el mismo abarcaba alrededor de 700 hectáreas y quien, tras la donación de la primera parte de la zona en el año 2000, fue expulsado del lugar como parte del acuerdo entre autoridades estatales y la dueña del predio.
Así mismo se recordó y honró la memoria de Gabriela Zepeda, arqueóloga que trabajó en la investigación y restauración de Cañada de la Virgen durante los últimos 25 años.

La apertura del centro ceremonial, que será operado de manera conjunto por el INAH y la Secretaría de Cultura estatal, se logra al consolidarse el proceso de expropiación de 701 hectáreas que fue resultado de la declaratoria del predio por causa de utilidad pública tras alertarse de que se pretendía realizar un proyecto inmobiliario de al menos 100 casas de lujo con vista a los vestigios arqueológicos. La indemnización por la expropiación de la zona supera el monto de 71 millones de pesos, según informó Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH.
“El conflicto ya se acabó”
Autoridades federales dieron a conocer que, pese a que el proceso está concluido, la zona permanecerá vigilada por la Guardia Nacional para prevenir algún conflicto con los expropietarios que en últimos días han emitido comunicados a pesar de no haber atendido el llamado de las autoridades durante cuatro años.

“En realidad no hay ya conflicto porque el conflicto es legal y ese conflicto ya se acabó, entonces para nosotros este es el final de el proceso expropiatorio. Hoy comienza y se irá terminando la circulación del predio, que ya es propiedad federal, y nos extraña que ellos están este diciendo que tienen un amparo y si es así pues que lo muestren”, señaló la asesora de la presidencia de la República, Jesusa Rodríguez.
Aunado a esto, la funcionaria federal reiteró que legalmente ya no hay forma en la que puedan pelear el predio de 701 hectáreas que fue expropiado, pues ante lo único que podrían haberse inconformado es contra el monto de indemnización, sin embargo, ya están a destiempo.

Jesusa Rodríguez informó que los propietarios de la hacienda contaban con un terreno de más de 5 mil hectáreas, de las cuales les queda poco menos de 4 mil 300 que además, dijo, poseen de forma ilegal.
“Ellos tenían aquí un territorio de 5 mil hectáreas, que es además ilegal porque es un latifundio y es el último latifundio de San Miguel de Allende. Entonces estas 701 hectáreas por el momento ya son propiedad federal y ellos se quedan aparte con las otras 4 mil 300”, señaló y compartió que ahora deberán trabajar en el convenio de servidumbre de paso para especificar los accesos a ejidos, comunidades y rancherías de la zona.
