Guanajuato, Gto .- El diputado panista Erandi Bermúdez Méndez planteó tipificar e incrementar las sanciones ante el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.
Explicó que con esto se busca desincentivar las redes criminales que se benefician económicamente de la explotación de menores, impactando de manera positiva en la seguridad pública y la actividad económica local.

Erandi Bermúdez Méndez detalló que el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales constituye una de las situaciones más graves y lacerantes de violación a los derechos humanos en México, toda vez que se calcula que, desde hace más de quince años, entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados cada año en el país, junto a que en 2020 se estimaba que entre 145 mil y 250 mil menores vivían en zonas bajo riesgo de captación para la delincuencia organizada.
Expuso que identificó 18 entidades federativas propensas al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, en el que se enumeran 50 municipios de alta incidencia de reclutamiento, destacando Guanajuato con los municipios de León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria.

Tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
En éste contexto, el congresista aseguró que como legisladores tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, realizar acciones legislativas para garantizar además el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución federal y tratados internacionales.
Bermúdez Méndez sostuvó que al carecer en el país de una tipificación específica del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes como una figura delictiva o tipo penal independiente o autónomo, ha propiciado la impunidad para los integrantes de diversos grupos delictivos, existiendo tipos penales que describen parcialmente la conducta.
Describió que al tratarse de un delito imprescriptible, se robustece la eficacia del sistema de justicia penal, enviando un mensaje claro de que estas conductas no quedarán impunes, lo cual incide en la confianza social y en la gobernabilidad.
La iniciativa cobra relevancia con el reciente homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado por un menor de edad que habría sido reclutado por un grupo criminal.
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