San Miguel de Allende, Gto.- La Plataforma por la Paz lamentó el fallecimiento del señor Ángel Reyes Morín, padre de Leonardo Reyes Cayente, migrante asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado de Guanajuato en 2018.
La organización de activismo reprochó que este muriera sin acceder a la justicia por el caso de su hijo.
El 13 de diciembre de 2018 a Leo Reyes lo mataron elementos del Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) en Corralejo de Abajo, San Miguel de Allende. Hasta la fecha el crimen sigue impune.
La versión de autoridades de la causa del asesinato es que los agentes repelieron una agresión. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la Plataforma por la Paz, cinco testigos contradicen esta versión.
Estas personas que llegaron al lugar, pero que al no saber qué ocurría se escondieron entre los matorrales y atestiguaron cómo las FSPE manipularon la escena.
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En 2022 ya se había establecido que los tres agentes responsables no trabajan más en la FSPE y no se sabía si seguían viviendo en Guanajuato, tampoco si era posible localizarlos.
Prodheg determina violaciones en caso de Leo Reyes
En febrero de 2020, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) determinó que sí hubo violaciones a derechos humanos. En un dictamen aseguró que se verificó el uso excesivo de la fuerza. Además los agentes no habrían ofrecido auxilio médico, tampoco informaron detalladamente a sus superiores.
Por su parte, en marzo de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato determinó el no ejercicio de la acción penal contra los agentes. Se justificaron en la supuesta legítima defensa.
Tras esto, familia y abogados impugnaron la determinación ante las múltiples contradicciones. Esto tanto en las versiones de los policías como en las pruebas científicas que se practicaron.
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Jueza rechaza recurso
Sin embargo, en septiembre de 2020, la Jueza de Control Mónica Edith Olmos Ortega no permitió la investigación a fondo. Argumentando que la impugnación había sido presentada de manera extemporánea, lo que la familia niega rotundamente.
El equipo jurídico interpuso un amparo indirecto que resolvió un Tribunal Colegiado en la materia. Este le ordenaba a la misma Jueza Olmos que repusiera la audiencia y verificara la validez de la notificación. Olmos rechazó nuevamente entrar al fondo del asunto y desechó el recurso en enero de 2022.