Guanajuato, Guanajuato.- Muchos anexos del estado de Guanajuato se han convertido en espacios donde se cometen malas prácticas y se violan los derechos humanos de los internos.
Así lo expresó el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, al referirse al ataque ocurrido el pasado fin de semana en el anexo Los Marginados, en el municipio de San Felipe, donde se registraron personas heridas y fallecidas.
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Sostuvo que, aunque existen múltiples denuncias por delitos cometidos al interior de estos sitios, las autoridades no actúan.
“La situación es que muchos centros, como el que fue atacado, siguen operando. El motivo del ataque no fue el permiso de uso de suelo municipal. Aquí hay un trasfondo, pero lamentablemente las autoridades no quieren hacer nada. Nosotros hemos hecho señalamientos en centros donde hay denuncias por maltrato, abusos sexuales y otros motivos”, afirmó.
Detalló que cuenta con información de que Los Marginados, anexo que no pertenecía a la asociación que encabeza, continúa operando tras el atentado en el que murieron cuatro personas.
No obstante, reconoció que existen centros de rehabilitación que operan de manera adecuada y brindan apoyo real a los internos que forman parte de estos grupos.
Agregó que es necesario que la gobernadora del estado, Libia García, establezca un acercamiento con los anexos para definir medidas de trabajo y supervisión.
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“Todas las buenas prácticas que existen en otros centros de rehabilitación se ensucian por este tipo de lugares. El de San Felipe sigue abierto, a pesar de cuatro muertes. Hacemos un llamado a la gobernadora para que se siente con personas interesadas en el tema, que somos nosotros”, concluyó.
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