La acusación forma parte del expediente abierto contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
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Una caja con dinero y listas de pagos
De acuerdo con los documentos de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, conocida por procesar casos de narcotráfico internacional, cada mes un operador identificado como “jefe de plaza” en Culiacán recibía una caja con grandes cantidades de dinero en efectivo y una lista manuscrita con nombres, cargos y montos destinados a funcionarios públicos.
Según la acusación, los pagos iban desde los 30 mil hasta los 300 mil pesos mensuales y tenían como objetivo garantizar protección, acceso a información confidencial y evitar operativos contra integrantes de Los Chapitos.
“El jefe de plaza de Culiacán recibe mensualmente una caja con efectivo acompañada de una lista de funcionarios corruptos y los sobornos asignados”, detalla el expediente estadounidense.
Funcionarios señalados en la presunta “narconómina”
Entre los nombres que aparecen en la acusación destacan funcionarios y mandos de seguridad presuntamente relacionados con la estructura criminal:
- Dámaso Castro Zaavedra, identificado como “Culiacán Regio”, habría recibido alrededor de 200 mil pesos mensuales.
- Marco Antonio Almanza Avilés, señalado como “R1”, presuntamente obtenía pagos de hasta 300 mil pesos.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, sucesor de Almanza Avilés, también figura en la investigación.
- Gerardo Mérida Sánchez.
- José Antonio Dionisio Hipólito, quien habría recibido 100 mil pesos mensuales.
- Juan Valenzuela Millán, señalado por recibir alrededor de 30 mil pesos.
Además, la acusación menciona al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y al senador morenista Enrique Inzunza.
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Sobornos para filtrar operativos y proteger al cártel
Las autoridades estadounidenses sostienen que varios de los señalados habrían proporcionado información confidencial sobre cateos, investigaciones y operativos militares contra laboratorios clandestinos y casas de seguridad del cártel.
Según el expediente, estos “pitazos” permitían mover drogas, armas y dinero antes de los operativos realizados por fuerzas federales mexicanas.
El Departamento de Justicia también acusa a algunos funcionarios de facilitar la venta abierta de drogas y permitir el porte de armas sin intervención policial.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, las investigaciones señalan que habría colaborado en secuestros y homicidios contra rivales del grupo criminal o personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
Sheinbaum exige pruebas y defiende soberanía
Tras la difusión de las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos entregar pruebas formales y respetar la soberanía mexicana.
La mandataria subrayó que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra los señalados.
“Nunca antes habían solicitado con tanta urgencia una orden contra un gobernador en funciones. Nosotros defendemos la soberanía, pero también la justicia y la verdad”, declaró Sheinbaum.
La Fiscalía mexicana confirmó que ya solicitó oficialmente la documentación y pruebas correspondientes a las autoridades estadounidenses para analizar el caso.