1.- La débil oposición de regidores del PAN en León: del azul al berrinche
Entre los regidores panistas del Ayuntamiento de León es notorio que los argumentos con los que intentan asumirse como oposición no terminan de cuajar. Hasta ahora, hay más ruido mediático que cuestionamientos realmente efectivos.
El viernes durante la mesa de trabajo para revisar el Programa de Obra Pública, se esperaba la participación del director de Comunicación Social, Enrique Avilés, para explicar la campaña de difusión del programa. El funcionario no acudió porque, según mostró en sus redes sociales, estaba en otra reunión con el Consejo del Instituto Municipal de la Mujer.
Aunque no lo dirán con todas sus letras, el fondo de la molestia panista es que el azul dejó de monopolizar la propaganda institucional y el naranja ganó terreno. Lo de ahora es una crítica meramente partidista, en la que nunca repararon, aunque la oposición lo señalaba.
El reclamo se desinfla al revisar los números, porque una de las preguntas centrales era cuánto cuesta este cambio de colores en la difusión. La respuesta no les favorece, porque para este año se presupuestaron 7.6 millones de pesos en la campaña, mientras que el año pasado —cuando el azul era el rey absoluto— el gasto superó los 14 millones.
Por eso el pleito de colores termina viéndose torpe, corto y hasta contradictorio. Más que golpear al gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos, exhibe aquello que los propios panistas defendieron durante años sin una sola crítica. Y de paso le regala municiones a regidores morenistas e incluso a la independiente Norma López Zúñiga, quienes sí habían señalado anteriormente ese manejo propagandístico por aumentar costos.
“Tiene que comparecer, le tiene que quedar muy en claro que no se manda solo”, soltó el síndico panista Román Cifuentes Negrete. El detalle es que la reunión del viernes era apenas una mesa de trabajo convocada por Hildeberto Moreno Faba. De ahí que el amago de llevar el caso hasta Contraloría sea más berrinche político que fiscalización seria.
Si desde ahí pretenden construir una oposición, difícilmente pasarán del llanto abierto por el color naranja. Mientras tanto, dejan de lado temas donde sí podrían incomodar de verdad a la administración de Gutiérrez Campos, como el déficit en paramunicipales con los efectos financieros del “Pásale Gratis” o el riesgo operativo que podrían arrastrar algunas estrategias populistas; además de las muchas quejas internas de acoso laboral. Asuntos de mayor interés público que su resentimiento porque el azul se decoloró.
2.- Futuro incierto de carreras en la ENES León
Hace algunas semanas, la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, confirmó que esrán bajo análisis alrededor de 15 carreras para revisar y actualizar sus planes de estudio. Pero también adelantó que si aun con ajustes la demanda sigue siendo baja, se debe pensar en el cierre.
Entre los programas que están en esa cuerda floja hay dos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León: Desarrollo Territorial y Desarrollo y Gestión Interculturales.
Aunque públicamente el criterio parece reducirse al número de aspirantes, el tema es mucho más complejo. Al menos, antes de pensar en eliminar las carreras, la UNAM optó por revisar primero qué está fallando puertas adentro.
No es una discusión nueva, porque ya había ocurrido a inicios de 2026. Alumnos de programas en riesgo hicieron público su rechazo al posible cierre y difundieron un posicionamiento donde acusaron que la medida responde a una marginación histórica hacia las ciencias sociales y humanidades.
En ese desplegado señalaron problemas como la limitación presupuestaria, evaluaciones centralizadas, poco reconocimiento institucional y una difusión insuficiente en estados donde la UNAM no tiene el mismo peso histórico.
Pero además pusieron sobre la mesa que estas carreras también chocan con contextos sociales “conservadores” y “clasistas” donde disciplinas de este tipo no son de mucho interés masivo.
Lo que ocurra con estos programas abrirá una discusión interesante dentro de la UNAM. Si bien la demanda es un factor, también habría que preguntarse por qué no generan interés, qué tanto apoyo reciben y si la propia universidad terminó dejando solas carreras que, paradójicamente, abordan algunos de los problemas sociales más profundos del país y otros que irán en aumento, como las vinculadas a la atención a adultos mayores o conflictos vinculados al territorio.
3.- Cañada de la Virgen reabre entre pleitos
Ayer se abrió la Zona Arqueológica de Cañada de la Virgen, luego de permanecer casi cuatro meses cerrada y bajo resguardo de autoridades federales. El anuncio se realizó el pasado viernes y estuvo encabezado por la asesora presidencial, Jesusa Rodríguez, a quien bien puede atribuirse buena parte del empuje político que en los últimos años derivó en la expropiación de las 701 hectáreas del polígono.
Desde el cierre en febrero, entre las tensiones con la empresa propietaria del terreno, pasó desapercibido un dato que cambia la conversación sobre la preservación del sitio. De acuerdo con lo revelado por Jesusa Rodríguez, desde hace cinco años existía un proyecto privado para desarrollar un complejo inmobiliario en la zona. Ese escenario fue uno de los factores que llevó al gobierno federal a emitir la declaratoria de Zona de Monumentos Arqueológicos en septiembre de 2022.
Desde entonces, el uso de suelo quedó limitado para impedir afectaciones al patrimonio arqueológico, hasta concretarse finalmente la expropiación el 31 de diciembre del año pasado.
Sin embargo, aunque la expropiación ya fue ejecutada, el conflicto con la empresa Cañada de la Virgen SPR de RL parece lejos de terminar. Casi al mismo tiempo que se anunciaba la reapertura, difundieron un comunicado en el que se acusó una “invasión” y que la expropiación fue ilegal: “si las autoridades gubernamentales locales y nacionales permiten este robo de propiedad, queda claro que la inversión extranjera en México no es segura y que tanto las empresas como los particulares deberían evitarla”.
Mientras la disputa seguirá entre el gobierno federal y particulares, no hay que olvidar que con la expropiación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya no tendría pretexto para avanzar en investigación y preservación del sitio. ¿Hay recursos suficientes? Porque hasta ahora lo que ha quedado claro es que el INAH opera entre precariedades, incluso para lo más básico.
Contra Retrato
Rocío Cervantes Barba
En el primer trimestre de este año, los diputados de Guanajuato reportaron un aumento en sus gastos respecto al mismo periodo de ejercicios anteriores. Usualmente, en estos meses el gasto de representación suele ser menor, porque buena parte del trimestre transcurre antes del arranque del periodo de sesiones.
Aun así, los legisladores erogaron más de 2.8 millones de pesos. La priista Rocío Cervantes Barba fue quien más cargó al erario: 147 mil pesos entre enero y marzo.
Como ocurre con buena parte de los diputados, varios de los gastos corresponden a gasolina y rentas, aunque hay quienes le sueltan la rienda a los gustos gastronómicos con dinero público o cargan compras tan burdas como clavos —literal—. En el caso de la legisladora del PRI hay cargos llamativos, como el cambio de chapa que no rebasa los 100 pesos, pero que al parecer podía desacompletar su holgado sueldo como diputada.
Sin embargo, el gasto más llamativo de la priista es que también cargó a su partida de representación la inscripción a la maestría en Derecho Notarial y Registral, además del seguro de estudiante en la Universidad de La Salle. En total, fueron 4 mil 737 pesos pagados con recursos públicos bajo la partida 3852 para “gastos de operación de las oficinas de las personas”.
Dentro de los lineamientos de esa partida no aparece ningún concepto que permita interpretar que los guanajuatenses deban financiar los estudios de la legisladora. En todo caso, será Rocío Cervantes Barba quien tenga que explicar por qué, al amparo de la manga ancha que impera en el Congreso local, decidió pasarle también esa cuenta a los ciudadanos.