Guanajuato, Guanajuato.- Este lunes 25 de mayo se llevó a cabo la última audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño en el caso de los dos agentes de la Guardia Nacional acusados del asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, ocurrido en abril de 2022 en la ciudad de Irapuato.
Durante la audiencia celebrada en las oficinas del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en la capital de Guanajuato, se presentó el testimonio de la testigo cuyas iniciales son GJS, mujer de 62 años y madre del joven que conducía la camioneta donde fueron atacados los estudiantes.
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Durante el desahogo de su testimonio, la testigo reveló cómo, a raíz del incidente, su hijo comenzó a consumir bebidas alcohólicas en exceso debido al trauma que le generó el ataque en el que uno de sus amigos perdió la vida frente a sus ojos.
“Mi hijo quedó dañado porque toma; ya ha habido veces que se pierde. ¿Pero qué podemos hacer desde aquí?”, relató la señora GJS.
La mujer aseguró que desde aquel día de abril de 2022, el vehículo que conducía su hijo, y que también utilizaban para llevar a cabo el negocio familiar, fue pérdida total, por lo que no han podido recuperarse ni sustituir el ingreso económico que generaban gracias a ese automóvil.
“Fue un calvario lo que pasamos, pasamos de todo. Nos perjudicó mucho, sobre todo en la salud”, comentó GJS, quien reveló que, a raíz de los hechos, enfermedades como la diabetes y la hipertensión hicieron mella en la salud de ella y su esposo.
En segundo lugar, se presentó el testimonio de Bernardita del Rocío Ríos Valdez, quien en 2023 fungió como perito en trabajo social para tres de las víctimas: los padres de Ángel y dos de los jóvenes que viajaban ese día en el automóvil.
Durante su exposición, la perito reveló cómo cuantificó la proyección de afectaciones económicas de cada una de las víctimas, tomando en cuenta sus gastos elementales y considerando una expectativa de vida de 74 años. Con ello, determinó que la afectación económica para la familia de Ángel fue de más de 15 millones 200 mil pesos; para la familia de Laisa, de más de 6 millones 557 mil pesos; y para la familia de Aarón, de 6 millones 994 mil pesos.
Sin embargo, la defensa esgrimió argumentos en los que exhibió aparentes inconsistencias y contradicciones en los dictámenes presentados, tanto en la metodología para obtener los montos económicos como en la relatoría y redacción de los hechos, todo lo cual quedó expuesto ante la jueza, quien evaluó cuidadosamente los argumentos tanto de la parte acusadora como de la defensa de los inculpados.
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Finalmente, se dio a conocer que la audiencia para alegatos de clausura se celebrará el próximo 27 de mayo a las 12:30 horas en el mismo Centro de Justicia Penal, en la capital del estado.
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