Guanajuato, Guanajuato.- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó las penas atenuadas para familiares y la figura del “consentimiento” en las terapias de conversión (ECOSIG), diputados locales y activistas expusieron las negociaciones y fricciones políticas detrás de la creación de dicha norma en Guanajuato.
La diputada Miriam Reyes Carmona, iniciadora de la propuesta original en junio de 2025, emitió un pronunciamiento oficial donde respaldó la determinación del máximo tribunal del país y anunció que presentará una nueva iniciativa este jueves para adecuar el marco legal local: “Expresar mi total respaldo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó claro que en Guanajuato no puede existir ningún tipo de tolerancia frente a prácticas que vulneren la dignidad, la integridad y los derechos humanos de nuestras niñas, niños, adolescentes y personas en situación vulnerable”, manifestó la legisladora, añadiendo que “ninguna supuesta decisión libre puede justificar actos que impliquen coerción“.
La inclusión de las excepciones ahora invalidadas fue el resultado de modificaciones realizadas durante el proceso de dictaminación en la Comisión de Justicia para lograr el consenso. Al respecto, el diputado David Martínez Mendizábal (Morena) detalló la complejidad que enfrentan las minorías en el Congreso del Estado frente al bloque mayoritario: “Tuvimos que aceptar un conjunto de modificaciones que no tocan, digamos, la parte medular y central de la propuesta y entonces, en términos de negociación política o legislativa, debemos de asumir ciertas redacciones que no nos gustan, pero que a la postre la legislación, la ley, el exhorto que estamos haciendo, pasa (…) ¿Por qué? Porque nos votan en contra y ya, y no pasa”, explicó Martínez Mendizábal, argumentando que de lo contrario se habría cerrado la posibilidad de sancionar la práctica en la entidad.
Para las organizaciones civiles, las porciones normativas eliminadas por la SCJN representaban un debilitamiento de la protección a las víctimas. Nayeli Tello, representante de la Red de Acompañantes, expuso que la falta de un acuerdo objetivo en las mesas de trabajo previas derivó en que la Corte interviniera nuevamente para corregir la legislación local en la materia: “Viene la Corte, nos da la razón otra vez y le dice a Guanajuato que no puedes tener sanciones tan endebles contra padres y madres de familia independientemente del parentesco. (…) Ponen el grito en el cielo de decir cómo ya los padres no pueden ayudar a sus hijos. Bueno, no han entendido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas no se puede modificar de manera externa con terapias“, apuntó Tello.
En coincidencia, la diputada Sandra Alicia Pedroza, Movimiento Ciudadano, señaló que el dictamen aprobado a finales de 2025 reflejó la única vía que encontró la Comisión de Justicia para avanzar, pero puntualizó que este escenario forma parte de una constante en el Congreso local ante los derechos civiles: “Es la historia que lamentablemente ha estado siguiendo el Congreso del Estado de Guanajuato donde sigue habiendo resistencia para reconocer derechos y para garantizarlos. Lo vimos con el tema de matrimonio igualitario… Lo estamos viendo también con el tema del aborto que la Corte tiene que venir a decir ‘oigan, ya este… garanticen los derechos de las mujeres‘”, concluyó Pedroza.
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Tras el fallo de la Corte, el Congreso de Guanajuato tiene que borrar de inmediato los beneficios que les daban a los familiares y la opción del “consentimiento” de la ley, por lo que a partir de ahora cualquier padre o tutor que obligue a un menor a estas terapias irá directo a prisión. Además, los diputados locales están obligados a volver a sentarse a trabajar para redactar correctamente el artículo; para ello, ya se anunció una nueva iniciativa que busca emparejar la ley estatal con la federal y que servirá también para corregir el olvido que tuvieron de proteger en el texto a las personas mayores de edad.