Con esta modificación, cualquier elección podrá ser anulada si se comprueba la existencia de actos de injerencia extranjera que hayan influido directamente en los resultados electorales.
La reforma adiciona un inciso d) a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue enviada al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación oficial.
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Reforma fue avalada por 24 congresos estatales
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la declaratoria se realizó tras obtener el respaldo de la mayoría de los congresos locales del país y de la Ciudad de México.
“Se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política”, señaló durante la sesión.
Previamente, la Secretaría de la Mesa Directiva confirmó la recepción de 24 votos aprobatorios provenientes de legislaturas estatales, entre ellas Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
¿Qué establece la nueva reforma electoral?
El decreto aprobado introduce formalmente la intervención o injerencia extranjera como motivo suficiente para invalidar una elección en México.
La medida busca reforzar la protección de los procesos democráticos y evitar posibles influencias externas que puedan alterar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Aunque el texto constitucional ya contemplaba distintas causales de nulidad electoral, esta nueva disposición incorpora específicamente acciones extranjeras que afecten el resultado de una elección federal o local.
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INE y tribunales deberán modificar sus reglas
En los artículos transitorios de la reforma se establece que el Congreso de la Unión y los congresos estatales deberán armonizar sus leyes y reglamentos antes del 5 de junio de 2026.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales federales y estatales tendrán que revisar y adecuar sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar la correcta aplicación del nuevo criterio constitucional.
La reforma forma parte de los cambios recientes impulsados en materia político-electoral y se suma a otras modificaciones constitucionales aprobadas durante el actual periodo legislativo.