Guanajuato, Gto.– El anuncio del programa de obra pública “Manos a la Obra“, presentado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos para los 46 municipios, de los cuales 4 mil millones provienen de deuda pública, generó posturas encontradas en el Congreso del Estado entre el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks y el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Ferro.
Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Ferro cuestionó la temporalidad de la información y los criterios del reparto presupuestal. Mediante un posicionamiento, el legislador señaló que la mayoría en el Congreso aprobó el endeudamiento de 4 mil millones de pesos hace casi seis meses sin contar con información técnica, financiera y territorial detallada. La fracción argumentó que el gobierno estatal solicitó primero la autorización del crédito y hasta ahora expuso el destino de los recursos.

Asimismo, exigieron transparentar los fundamentos técnicos que determinaron los montos y prioridades, al calificar la distribución como inequitativa y cuestionar la asignación de mayores recursos a ciertos municipios por encima de otros.
En contraste, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks indicó que la asignación de los recursos responde a un gasto estratégico. Explicó que los municipios presentaron sus propuestas y la gubernatura realizó las evaluaciones correspondientes dentro de sus atribuciones. El legislador señaló que es imposible atender todas las solicitudes y recordó que, para que exista gasto en infraestructura, los municipios requieren contar previamente con un proyecto ejecutivo y no solamente con una propuesta inicial.
Ante inconformidades por la distribución, como la manifestada por el alcalde de Celaya, Romero Hicks expuso que se debe revisar el contenido de la queja frente al contexto de los otros 45 municipios.
Respecto a las obras asignadas a Guanajuato capital, que incluyen infraestructura como una planta de tratamiento y pavimentaciones, el diputado del PAN apuntó que la ciudad debe analizarse bajo la óptica de ser la sede de los tres poderes, de la universidad pública y de delegaciones federales. Ante esto, planteó la necesidad de establecer un fondo de capitalidad para el municipio, con el objetivo de contar con previsiones adicionales que permitan atender problemas de infraestructura en rubros como el agua, la movilidad y los servicios públicos municipales.
Señalan reparto inequitativo y con tintes electorales
Oscar García, representante del PVEM en la región sur del estado, precisó que la gobernadora Libia Dennise realizó una repartición de los recursos de la deuda “muy desbalanceada”, por los colores partidistas de los municipios y con miras al 2027 para conquistar electorados.
“Lo veo por dos factores, principalmente por el número de población y el tono de color o tono de matiz (partidista de los municipios). Por ejemplo, Uriangato no adquiere nada del recurso extraordinario de la deuda.
Hay dos bolsas: una que es la deuda, que equivale a los 4 mil millones de pesos, y otra que son los remanentes, que deben emplearse con una visión estadista, de Estado, para fortalecer a todas aquellas urbes y poblaciones que han manejado un rezago, pero que por su economía siguen viviendo y compitiendo.
En ese sentido, veo un desbalance y una repartición muy privilegiada para el corredor industrial y con miras al 2027, para conquistar electorados y con poca visión estadista”, subrayó.

Oscar García dijo que en la distribución de los recursos se ve claramente a dónde llegaron más apoyos que a otros municipios.
“Obviamente se ve. Creo que es un año preelectoral que inicia antes de lo previsto, como ya lo vimos el domingo, donde la presidenta de la República destapó prácticamente su maquinaria electoral e igualmente la gobernadora en ese sentido, y al parecer quienes tienen el timón tienen el Estado y la República. Ya es una competencia con mucho tiempo de anticipación respecto a lo que se esperaba para el año electoral”.
Finalmente, agregó que como Partido Verde Ecologista de México lo que piden es que haya piso parejo, que haya cancha pareja y que no sean los ciudadanos quienes paguen las consecuencias de “esta descompensación, de esta precampaña electoral”.
