1.- MC y “la nueva política” de sumar a panistas decepcionados
Movimiento Ciudadano anunció como nuevo fichaje a Martín López Camacho, expresidente municipal de Apaseo el Alto y exdiputado local del PAN. Desde su renuncia al blanquiazul ya corrían versiones de que buscaba plataforma. En algún momento se habló del fallido México Republicano; al final, terminó vestido de naranja.
Como diputado, López Camacho llegó a ser incómodo incluso para su propio partido, particularmente para el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Impulsó reformas que contradecían la línea del Ejecutivo y mostró algunos destellos de independencia poco frecuentes en panistas sometidos a lo que el gobernador en turno diga. Eso llevó a que fuera quedando al margen y aceleró cuando respaldó a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, en su fallida búsqueda de la candidatura a la gubernatura.
Él mismo terminó descartado por el PAN para buscar la alcaldía de Celaya. Se emberrinchó y se fue.
López Camacho agradeció la invitación de la delegada estatal de MC, Yulma Rocha Aguilar, pero también puede leerse como uno de los primeros movimientos políticos de cierto peso tras la llegada de Alejandra Gutiérrez al partido, con quien mantiene cercanía.
Lo interesante es que el partido que presume representar la nueva política acumula cada vez más figuras formadas en la vieja, del PAN y del PRI.
Por eso, cuando el coordinador panista Jorge Espadas Galván lanzó ese señalamiento durante la sesión del Congreso de la semana pasada, no le faltó argumento. Hoy MC puede presumir incorporaciones de peso, pero pocas trayectorias construidas dentro de sus propias filas.
Desde luego, tampoco es extraño que un partido en expansión se fortalezca con cuadros con nombre, estructura y experiencia. La narrativa de la nueva política al final es propaganda y no característica real, sobre todo cuando escasean los perfiles propios.
El caso más evidente es Juan Pablo Delgado. Durante años fue uno de los rostros más identificables de MC en Guanajuato. Sin embargo, la llegada de Alejandra Gutiérrez lo obligó a un repliegue evidente: desaparecieron las críticas y se concentró en las responsabilidades nacionales. Parece que poco importó la visibilidad que le dio al partido.
Más allá de la contradicción discursiva, es innegable que la incorporación de López Camacho puede fortalecer a Movimiento Ciudadano, particularmente en Celaya, donde el partido sigue sin encontrar la fórmula para despegar. Que se traduzca en votos y no quede en la fotografía, eso todavía está por verse.
2.- ¿Se le cae la carta a la secretaria de Derechos Humanos de Guanajuato?
Los activistas por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Ricardo Gallardo y Julio César Ofarrell, denunciaron a la activista Cecilia Garibí González, por presunto hostigamiento, violencia digital y expresiones homofóbicas. Además, solicitaron medidas de protección y una disculpa pública.
Todo se habría derivado de una presunta confrontación durante la marcha del orgullo LGBTIQ+ del sábado en León, así como de mensajes que, según los denunciantes, habría emitido de manera constante en su contra.
Llamó la atención que durante la rueda de prensa se hablara del respaldo que la activista tendría de la secretaria de Derechos Humanos, Liz Esparza Frausto. Y es ahí donde el caso se cruza con una versión que cada vez cobra más fuerza al interior del gobierno estatal.
Según esa versión, se analizan cambios en la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, actualmente encabezada por Ricardo García Frausto, a quien el fin de semana tampoco le fue bien tras reclamos de la activista Kenya Cuevas. Entre los nombres que se mencionan para una sustitución aparece justamente el de Garibí González.
Tras la denuncia presentada por Ofarrell y Gallardo, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que de plano se desligó del conflicto: “corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la existencia o no de responsabilidades”.
Será necesario que la propia Esparza Frausto aclare públicamente si existen cambios en puerta dentro de la Subsecretaría y si Garibí González figura entre los perfiles considerados. Sin embargo, ante los reclamos de activistas en León, esa posibilidad puede terminar debilitándose o incluso puede hacer que se le caiga la carta, con la confrontación que se puede abrir con colectivos.
Por cierto, entre la información difundida por la familia Ofarrell, es que Garibí González es proveedora del gobierno estatal. Fue contratada por el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) para elaborar un “estudio etnográfico de la población LGBTI+ guanajuatense”, por el que recibió un pago de 1.6 millones de pesos. El contrato fue otorgado dos semanas después del inicio de la actual administración estatal y el plazo para desarrollar el proyecto de investigación fue de solo cuatro meses.
3.- Guanajuato exporta modelos educativos
Dos noticias positivas sobre el alcance de los sistemas educativos de Guanajuato se dieron a conocer en menos de una semana.
La primera es que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE), dirigido por Esther Medina Rivero, y la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, encabezada por Marlenne Johvana Mendoza González, firmaron el Convenio de Libre Tránsito Educativo.
Se trata del primer acuerdo de este tipo a nivel nacional entre el sistema CECyTE y las universidades tecnológicas y politécnicas, con la intención de convertirse en un referente para otras entidades. Entre sus beneficios no sólo está facilitar la continuidad de los estudios del nivel medio superior al superior, sino también fortalecer la vinculación académica mediante proyectos conjuntos, procesos de formación e incluso el uso compartido de instalaciones.
El convenio tiene además un antecedente relevante: el CECyTE Guanajuato es el subsistema con mayor matrícula del país en su categoría. De ahí que el acuerdo pueda convertirse en un modelo replicable para otros estados.
La segunda noticia llegó el fin de semana desde la Ciudad de México, donde se realizó la ceremonia de egreso de 854 estudiantes de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), dirigida por Ricardo Narváez Martínez.
Fue la primera ocasión en que una graduación de la UVEG se llevó a cabo fuera de Guanajuato y reunió a estudiantes de distintas regiones del país que concluyeron sus estudios mediante este modelo educativo. La institución suma ya más de 47 mil estudiantes en México y cuenta incluso con alumnos radicados en el extranjero.
Contra Retrato
Crescencio Sánchez Abundiz
El director de Protección Civil de León reconoció fallas en la atención de un joven de 21 años que murió el lunes tras un accidente en motocicleta. Durante cerca de dos horas permaneció consciente; incluso alcanzó a hablar con elementos de la Policía Vial. Murió esperando la llegada de una ambulancia.
El caso ha abierto una discusión sobre si lo ocurrido puede considerarse negligencia, pero también dejó al descubierto las carencias de las corporaciones encargadas de la atención de emergencias, entre ellas Protección Civil.
En este caso se sabe que la corporación opera con un número limitado de ambulancias. Sánchez Abundiz aseguró que son nueve, aunque fuentes internas sostienen que no todas funcionan con normalidad y que algunas presentan ya un evidente desgaste. Incluso tomando como válida la cifra del funcionario, se trataría de apenas nueve ambulancias para una población de 1.7 millones de habitantes (Censo 2020, INEGI). La Organización Mundial de la Salud (OMS) marca como estándar que por cada 25 mil habitantes debe existir una ambulancia.
El problema no recae por completo en el director de Protección Civil. Se trata de una deficiencia acumulada durante años que ni la actual administración ni las anteriores han logrado resolver. La apuesta ha sido reponer unidades, no fortalecer de manera sustancial la capacidad de respuesta.
Durante casi dos horas no fue posible atender al joven porque Protección Civil no tenía ambulancias disponibles. Pero tampoco acudieron otras instituciones como la Cruz Roja, que apenas el año pasado recibió 98 millones de pesos y destinó una parte importante de esos recursos a la adquisición de 26 ambulancias. Y que vale decir, también se repite el problema de tener más unidades en el taller que funcionando.
Sánchez Abundiz reconoce que hubo una falla y anuncia ahora una revisión para identificar “áreas de oportunidad”. En realidad, el problema lo tiene plenamente identificado desde hace años, pero no lo dirá públicamente: la falta de inversión de la administración municipal.