Guanajuato, Guanajuato.- “Déjelos entrar, por favor”, mencionó Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia, para dar inicio a la reanudación de los trabajos de este miércoles en el Congreso de Guanajuato. Con esta instrucción, se permitió el acceso a los manifestantes y se reabrió la sesión que permanecía en receso desde el pasado viernes.
Previo al arranque, los grupos provida llegaron al Salón 3 para exigir igualdad de trato y acceso respecto al colectivo proaborto que había ingresado en la sesión anterior, lo que ocasionó que el personal del Congreso les pidiera esperar en el exterior. Tras la entrada de los diputados y sus equipos de apoyo, ambos colectivos coincidieron en la zona de acceso, donde un representante provida solicitó comprensión y respeto para permitir el ingreso de todos.
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El presidente de la comisión autorizó finalmente el acceso general, exhortando a guardar silencio y orden en el recinto.
En el primer bloque, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen para derogar el artículo 877 del Código de Procedimientos Civiles, a fin de eliminar la adopción simple y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una adopción plena e irrevocable, dando cumplimiento al amparo 535/2025.
El legislador Rolando Fortino Alcántar Rojas intervino para instar al voto a favor, señalando que con ello “se garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes a una adopción plena e irrevocable” y se concluye la adecuación normativa civil. En contraste, la secretaria de la comisión, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, votó a favor, pero dejó constancia de su discrepancia al manifestar que la sentencia federal invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para expedir legislación única procesal civil y familiar, contemplada en el artículo 73 constitucional.
Posteriormente, al dar seguimiento a las tres iniciativas para despenalizar el aborto derivadas del amparo 525/2024, el presidente Ramos Sotomayor propuso modificar la metodología para eliminar las mesas con autoridades y colectivos, sugiriendo en su lugar una mesa de trabajo interna para evitar confrontaciones y dar celeridad al asunto.
No obstante, la diputada Susana Bermúdez Cano consideró inconsistente la propuesta e impulsó una contrapropuesta para realizar tres foros de consulta: el primero con colectivos a favor de la reforma el lunes 22 de junio; el segundo con colectivos provida el miércoles 1 de julio; y el tercero con autoridades el miércoles 8 de julio.
La propuesta del PAN fue aprobada por mayoría de votos, desechando la planteada por el presidente de la comisión. Al término de la sesión comenzaron los gritos por parte de los colectivos autodenominados provida y de las colectivas a favor de la despenalización en el recinto, mientras legisladores, asesores y asistentes se retiraron del lugar sin incidentes.
Al concluir los trabajos, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor se refirió a los motivos para acelerar la metodología y a la dilación del proceso.
Ramos Sotomayor justificó que su planteamiento inicial buscaba “darle celeridad al proceso” frente a lo ocurrido el pasado viernes, señalando que “la semana pasada se pidió un receso. Para mí, en lo personal, fue un pretexto muy mínimo para retrasar ocho días el tema de la despenalización”.
Acusó que Acción Nacional busca demorar la votación al sostener que “nos queda muy claro que no saben acatar un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y cuestionó la presencia de manifestantes provida, señalando que “la semana pasada no hubo nadie que estuviera en esta comisión a favor de los colectivos que ellos apoyan. Ahorita resulta que trajeron el triple de personas”.
El morenista advirtió que la fecha aprobada pospone la reforma un mes más y alertó que “es muy probable que pueda dar pie a un desacato por los tiempos que no vayan a cumplirse”, criticando lo que consideró el “capricho de la compañera diputada” de abandonar la mesa de trabajo previa y exigiendo “madurez política y, sea como sea, siempre enfrentar las decisiones que estemos tomando en este Congreso”.
Asimismo, Ramos Sotomayor contrastó el discurso de defensa judicial de Acción Nacional con su resistencia local. Sostuvo que durante la reforma judicial los panistas salieron a defender la división de poderes, pero “hoy vemos que prácticamente se están resistiendo” a cumplir con el máximo órgano del país. Apuntó que argumentar desconocimiento es inviable porque “ellos como buenos abogados, como buenos políticos de Acción Nacional, deben saber qué es acatar una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Explicó que aplazar las mesas solo retrasa los tiempos cuando es seguro que “va a ser ley” y que la obligación de los legisladores es cumplirla. Cuestionó la logística de la fecha e inquirió: “¿Por qué no hacerlas la siguiente semana y tener que mandarlo hasta un mes más, sabiendo que es nuestra obligación adelantarlo y ponernos a chambear nada más?”.
Finalmente, descartó que su propuesta interna buscara la exclusión del debate, argumentando que plantearon tres mesas distintas con fechas y horarios separados precisamente para dar “un espacio seguro, un espacio tranquilo y un micrófono con voz para todas aquellas que quieran expresarlo”.
En el pasillo, al salir de la comisión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, se dirigió a las colectivas para externarles su apoyo. La legisladora de oposición aseveró que “antes de que se cumplan los 30 días, el aborto va a pasar. Es un hecho la despenalización, ya es inminente”, y cuestionó si el trabajo lo hará el Congreso o si la Corte resolverá debido a que en el legislativo no se quiso actuar por “omisión” y por “violencia institucional”. Pedroza denunció que “se sigue siendo indiferente ante la realidad de que cada 24 horas en Guanajuato una niña sigue siendo obligada a ser madre” y que las mujeres con abortos espontáneos siguen siendo perseguidas, concluyendo que “quedan todavía 10 días útiles. La cuenta termina el 30 de septiembre” y que de ser necesario recurrirán a otras instancias para formalizar el derecho a decidir.
Por su parte, la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, hizo mención de que se debe esperar la resolución de la Corte y descartó que existieran irregularidades en la mesa al señalar que “vamos a esperar a lo que dice la Corte. Eh, aquí no hubo maña”. Sin embargo, criticó la organización de las comparecencias y el desacuerdo en la logística al declarar que “no debemos, no tenemos derecho, insisto, a confrontar a los ciudadanos así“, y confió en que se obtengan los votos para una sesión extraordinaria impulsada por la oposición para poder cumplir con el fallo judicial.
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Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano defendió el esquema de consultas amplias argumentando que las propuestas en mesa modifican artículos que rebasan el alcance del amparo. Bermúdez Cano hizo mención de que es indispensable analizar completamente el contenido de las tres propuestas sin apresurarse por ser un tema caliente. Al abordar la agenda de su grupo parlamentario y la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario, la legisladora del PAN concluyó tajantemente:
“No, pues no es nuestra agenda. No es un tema que nosotros… Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es la vida, vamos a seguir defendiendo que el tipo penal… definitivamente para el PAN esto no es prioridad”. Agregó que ante una eventual solicitud de sesión extraordinaria el Partido Acción Nacional no la apoyaría, concluyendo sus declaraciones en medio de gritos y aplausos de manifestantes provida de fondo.
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