Celaya, Guanajuato.- La Dirección de Fiscalización detectó a por lo menos cuatro exinspectores que se dedican a extorsionar y estafar a comerciantes en comunidades rurales de Celaya. Los involucrados engañan a las personas diciéndoles que son elementos activos y exigen pagos de entre mil y dos mil pesos a cambio de permitirles trabajar.
Eduardo Griss Kauffman, titular de la dependencia, informó que ya se cotejan las fotografías de los señalados con el padrón anterior para iniciar los procedimientos legales correspondientes por usurpación de funciones y extorsión.
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“Tenemos hasta ahorita cuatro (falsos inspectores) que nos han señalado directamente. Los propietarios de estas tienditas nos dan nombres; incluso hay quien está trabajando actualmente en su función ilícita. Se cambian de nombre, nos enseñan una foto que cotejamos con el padrón anterior y no coinciden los nombres, pero sí nos señalan: es esta persona la que venía por mil pesos, dos mil pesos, etcétera. Vamos a ver con el jurídico de la Secretaría si existen los elementos suficientes, al haber este señalamiento, para poder proceder legalmente en contra de aquel que está dañando la imagen del Ayuntamiento y ejerciendo una usurpación de funciones, además de una extorsión”, dijo el director de Fiscalización.
Griss Kauffman recordó que al inicio de la administración se despidió a varios inspectores por prácticas de corrupción, y se cree que algunos de ellos podrían ser quienes ahora están estafando a los comerciantes.
“Tenemos instrucciones del alcalde y del secretario de cero tolerancia. Vamos a actuar con el área jurídica, aunque estas personas ya no trabajen con nosotros”, afirmó el funcionario.
El director de Fiscalización informó que los falsos inspectores utilizan los chalecos oficiales de la dependencia, combinados con ropa civil y, a diferencia de cuando eran elementos en activo, cuando usaban camionetas oficiales, ahora se trasladan en vehículos particulares.
Griss Kauffman señaló que han detectado que los falsos inspectores se enfocan en comunidades rurales, aprovechando que los comerciantes tienen mayor necesidad de vender, suelen denunciar menos y, en su mayoría, son vendedores que no cuentan con el permiso de la dependencia para trabajar.
“Hasta ahorita son cuatro o cinco, más o menos, pero suponemos que son más. Con anterioridad se dejaba trabajar en las comunidades en materia de fiscalización porque es donde menos ruido hace la gente y donde más necesidad tiene de vender; entonces era más fácil obtener una cantidad por permitirles trabajar sin permiso. Yo creo que es algo que ocurre en muchas comunidades”, dijo Griss Kauffman.
Para evitar caer en estos fraudes, Fiscalización recordó que todos los inspectores activos cuentan con estrictas medidas de seguridad. Por ejemplo, portan una credencial oficial con código QR que el ciudadano puede escanear para verificar en tiempo real si el empleado pertenece a la plantilla actual. Además, cada inspector debe portar un oficio físico con una vigencia máxima de un mes, el cual debe mostrar obligatoriamente si el contribuyente lo solicita.
Por otra parte, Griss Kauffman comentó que existen dos inspectores activos bajo investigación en el Consejo de Honor y Justicia por presuntas prácticas indebidas; sin embargo, no ahondó en detalles sobre los elementos investigados.
Aunque los elementos continúan laborando bajo medidas de seguridad específicas, al no haber aún una prueba directa en su contra ni una resolución del Consejo de Honor y Justicia, el director señaló que la dependencia está aportando todos los testimonios y elementos para que el Consejo determine la sanción correspondiente en caso de resultar culpables.
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“Es un proceso de investigación. Lo estamos haciendo con todos los ordenamientos que nos dicta la Secretaría de Seguridad y, por instrucciones del secretario, si se determina que hay alguna infracción, procederemos; y si no, continuarán trabajando con ciertas medidas de seguridad”, indicó el funcionario.
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