Ciudad de México, México.– El diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sector Eléctrico con el objetivo de obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a responder de manera formal y fundamentada las solicitudes, trámites y gestiones realizadas por usuarios y ciudadanos en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

La propuesta contempla la incorporación del artículo 66 Bis a la legislación vigente y busca establecer mecanismos que garanticen una atención más eficiente, transparente y con certeza jurídica para quienes realizan trámites ante la empresa pública.

De acuerdo con el legislador, la respuesta de la CFE deberá emitirse por escrito o mediante medios electrónicos, explicando de forma clara las razones legales y administrativas de la resolución adoptada. Además, cuando sea necesario, deberá informar sobre requisitos adicionales, procedimientos o plazos para continuar con el trámite solicitado.

Plantean que el silencio de la CFE beneficie al usuario

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa establece que, si la Comisión no emite una respuesta dentro del plazo señalado, se presumirá procedente la solicitud presentada por el ciudadano, siempre que no contravenga disposiciones legales o criterios técnicos aplicables.

En esos casos, la dependencia tendría que resolver de manera inmediata a favor del usuario o justificar plenamente la imposibilidad de atender la petición.

La iniciativa busca que la CFE responda trámites y peticiones en un plazo máximo de 10 días hábiles y garantice mayor certeza jurídica (Foto: Twitter)

La propuesta también reconoce que algunos procedimientos pueden requerir análisis técnicos más complejos. Por ello, contempla que la CFE pueda ampliar el tiempo de respuesta, siempre y cuando informe al solicitante dentro de los primeros 10 días hábiles las razones de la demora y establezca una fecha específica para la resolución definitiva, la cual no podrá exceder los 20 días hábiles.

Buscan mayor transparencia y seguimiento de trámites

El proyecto legislativo también obliga a la empresa eléctrica a implementar mecanismos accesibles que permitan a los ciudadanos consultar el estado de sus solicitudes en tiempo real.

Según Márquez Becerra, esto garantizaría transparencia, trazabilidad y certeza durante todo el proceso de atención, además de fortalecer la confianza de los usuarios en la institución.

El diputado argumentó que, aunque la CFE cuenta actualmente con centros de atención, líneas telefónicas y plataformas digitales, no existe una obligación legal que establezca tiempos específicos para resolver las solicitudes, lo que provoca retrasos e incertidumbre para miles de usuarios.

Más de 37 mil quejas contra la CFE en los últimos años

La iniciativa busca que la CFE responda trámites y peticiones en un plazo máximo de 10 días hábiles y garantice mayor certeza jurídica (Foto: Twitter)

Como parte de la exposición de motivos, el legislador citó información del Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), según la cual entre 2021 y 2025 la Comisión Federal de Electricidad acumuló alrededor de 37 mil quejas.

Entre los principales reclamos destacan errores en la facturación, cobros excesivos, problemas en los medidores y negativas para corregir cargos considerados indebidos. Asimismo, se reportan más de 2 mil 800 expedientes que continúan en trámite.

El legislador señaló que la falta de plazos definidos para responder solicitudes contribuye a prolongar estas problemáticas y afecta directamente la vida cotidiana de los usuarios del servicio eléctrico.

Reforma busca fortalecer derechos ciudadanos

Márquez Becerra sostuvo que la energía eléctrica es uno de los servicios públicos más importantes para el desarrollo económico y social del país, por lo que la institución encargada de prestarlo debe garantizar no sólo la continuidad del suministro, sino también una atención eficaz y oportuna a la ciudadanía.

Añadió que la reforma está alineada con principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, además de reforzar el derecho de acceso a la información y la seguridad jurídica de las personas.

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, donde será analizada y discutida antes de continuar su proceso legislativo.