Congreso archiva reforma sobre la extorsión en Guanajuato, ¿por qué?

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato resolvió archivar la propuesta de armonización del delito de extorsión debido a criterios de competencia constitucional determinados por la Suprema Corte. Además, dictaminó en sentido negativo una propuesta de exhorto a la Fiscalía General al constatar que la información financiera solicitada ya es pública.

El dictamen negativo sobre la reforma al Código Penal en materia de extorsión generó posturas encontradas en el órgano legislativo. El diputado presidente de la comisión, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de Morena, defendió la iniciativa al señalar que buscaba armonizar el marco local con el decreto federal y lamentó que se determinara su archivo sin agotar una metodología de mesas de trabajo. Ramos Sotomayor apuntó que la entidad se ubica entre las de mayor incidencia en este delito, por lo que consideró necesaria la adecuación legal.

Por su parte, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) fundamentaron la improcedencia de la reforma en el marco constitucional vigente. La diputada Susana Bermúdez Cano (PAN) explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 173/2025, estableció que el Congreso de la Unión posee la competencia exclusiva para legislar en estas materias concurrentes. Bermúdez precisó que la ley general federal obligó a Guanajuato a tipificar la extorsión únicamente como delito patrimonial, lo que representó un retroceso frente a la norma estatal previa, que tutelaba la libertad y la seguridad jurídica. Asimismo, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas (PAN) manifestó su disposición para construir propuestas conjuntas en el ámbito preventivo y de seguridad pública local que ayuden a combatir este delito.

En otro punto del orden del día, la comisión aprobó el archivo del proyecto de exhorto propuesto por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, de Morena, para solicitar detalles sobre el gasto de la oficina del fiscal general en 2025. El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas (PAN) expuso que la solicitud resultaba improcedente debido a que la Fiscalía cumple con las obligaciones de transparencia y rinde cuentas mediante informes trimestrales y la cuenta pública anual, disponibles en su sitio web institucional, datos a los que la propia promovente ya había tenido acceso.

Finalmente, la comisión dio luz verde a la metodología de estudio para la iniciativa presentada por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que plantea la expedición de certificaciones del Registro Civil en formato Braille. Las mesas de análisis con autoridades institucionales y asesores legislativos se llevarán a cabo los días 8 y 10 de julio.

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