Guanajuato, Gto.– El Congreso del Estado de Guanajuato analiza una propuesta de ley para obligar a que los dueños de los camiones urbanos tengan una ganancia mínima garantizada del 16 por ciento. Para lograrlo, la reforma busca que los gobiernos municipales paguen subsidios con dinero público y así evitar aumentos al pasaje.
Sin embargo, durante la revisión del documento este martes, organizaciones civiles advirtieron que la iniciativa prohíbe subir o bajar pasaje en lugares no autorizados. Esta medida castigaría a quienes viven en zonas rurales o en las periferias de las ciudades, al dejarlos sin opciones de transporte.

Organizaciones advierten afectaciones para usuarios y municipios
La representante de la asociación URBE, Claudia García González, advirtió que la crisis actual del transporte público es “una burbuja que ya explotó”. Explicó que, ante la falta de un servicio barato, las familias compran motocicletas, lo que ha provocado una ola de muertes y accidentes viales.
La activista señaló que, aunque las empresas de transporte “están desesperadas” por recibir fondos públicos, aterrizar la entrega del dinero no será un proceso rápido.
Sobre este tema, el Gobierno del Estado alertó del fuerte golpe económico que sufrirán los ayuntamientos al verse obligados a otorgar subsidios. Como ejemplo, reveló que tan solo este año el municipio de León tuvo que destinar casi 100 millones de pesos de sus propias arcas para subsidiar el pasaje. Además, aclaró que serán los propios alcaldes quienes decidirán los aumentos tarifarios con base en estudios reales.
Por su parte, la Consejería Jurídica del Estado pidió eliminar de la ley la frase “plataformas tecnológicas” para evitar que empresas privadas como Uber o DiDi presenten amparos que frenen la reforma.
A la par, el Tribunal de Justicia Administrativa apoyó obligar el cobro exclusivo con tarjeta de prepago para transparentar los ingresos, pero pidió a los diputados confirmar primero si los municipios y transportistas realmente tienen el dinero y la tecnología para instalar los equipos.
La propuesta de ley fue impulsada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, quienes exigen implementar el prepago, ordenar rutas, frenar a los taxis irregulares y fijar fórmulas matemáticas para los aumentos.
Ante los reclamos ciudadanos y técnicos, la presidenta de la Comisión de Movilidad, Sandra Alicia Pedroza Orozco, garantizó que el documento será modificado en las próximas semanas.

“Aprovecharemos el receso para llegar a consensos y emitir un dictamen que beneficie a la ciudadanía”, concluyó la diputada.
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