Lo dicho. La propuesta para crear la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones para el Estado de Guanajuato, impulsada por la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, podría invadir atribuciones reservadas al gobierno federal y, además, vulnerar derechos humanos, con lo que se complica su avance.
Desde mayo, en esta columna se abordaron varios de los flancos débiles de la iniciativa, que para empezar chocan con la Ley General de Salud y con la reforma federal de 2022, cuando se prohibieron los internamientos forzados. La propuesta de la morenista, al dar mayor peso a las decisiones familiares, amplía las figuras de incapacidad y va a contracorriente de la tendencia en materia de derechos humanos.
En la mesa de trabajo de ayer, en la Comisión de Salud del Congreso, la mayoría de las opiniones giraron justamente sobre la invasión y la posible vulneración de derechos. Así se pronunciaron la Consejería Jurídica del gobierno estatal, la Secretaría de Salud y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. También otras opiniones enviadas de gobiernos municipales, como León.
En el mes de mayo, cuando aquí se cuestionaba si la reforma apenas tendría efectos mediáticos por la evidente posibilidad de inconstitucionalidad, la legisladora ejerció su réplica y defendió la propuesta bajo el argumento que no violentaba derechos y que estaba en armonía con la ley general. Y en pocas palabras, bajo la libertad de configuración de los congresos locales.
Pero ese mismo interés no se mostró ayer, porque la morenista ni siquiera asistió a la mesa de trabajo para defender su iniciativa. Tampoco se explicó públicamente por qué no acudió. En su lugar estuvo Francisco Escamilla, coordinador de asesores de Morena. La legisladora no estaba obligada a asistir, por no formar parte de la comisión, pero si el interés era genuino, su ausencia dice mucho más que cualquier discurso en redes sociales o en tribuna. No era una iniciativa cualquiera, era una propuesta de una nueva ley.
Quien sí estuvo fue el representante de algunos anexos, Nicolás Pérez Ponce, quien pidió a los legisladores analizar con sensibilidad la propuesta. Si algo puede defender Pérez Ponce es que conoce de primera mano el funcionamiento de los anexos. En esa relación cercana con Aguilar Castillo, quizá valdría más tocar puertas a nivel federal, aunque luce improbable que prospere una reforma que vaya en contra de lo que la propia 4T avaló hace cuatro años.
Ni la norma federal ni las disposiciones locales están a la altura de lo que exige el grave problema de las adicciones, eso es claro. Pero la iniciativa tenía flancos débiles y ni siquiera fue defendida por su propia promovente.
Bien haría Pérez Ponce en preguntarse si solo les están dando atole con el dedo.
Irapuato y el vaso medio lleno
El gobierno de Irapuato prefiere ver el vaso medio lleno en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, pese a que el municipio se mantiene como el de mayor proporción de habitantes que se sienten inseguros: nueve de cada diez.
Como hoy informa Periódico Correo, la administración destaca como un logro la mejora de 0.9% respecto a la medición anterior. Y sí, cualquier avance es positivo, pero ese ligero respiro no es un cambio de tendencia, porque en el balance histórico la percepción de inseguridad ha aumentado. Una golondrina no hace verano.
Una de las metas de la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, era precisamente mejorar este indicador. Aunque la percepción no siempre refleja la realidad, sí mide la confianza de los ciudadanos en la capacidad de su gobierno para brindar seguridad. A la luz de este indicador, no hay mucho éxito.
Ayer mismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presumió la obtención de una triple certificación de CALEA, que convierte a Irapuato en el tercer municipio del país con el llamado “triple arco” y el segundo en Guanajuato.
¿Qué representa esto para la ciudadanía? Son reconocimientos que fortalecen procesos internos, pero que poco sirven para generar confianza cuando nueve de cada diez habitantes dicen sentirse inseguros. Incluso el timing parece desafortunado: presumir galardones mientras la percepción de inseguridad sigue encabezando el país solo marca más la distancia entre el discurso oficial y lo que perciben los ciudadanos.
PAOT: entre la investigación y la minimización
Por el daño ambiental ocasionado con la tala de garambullos centenarios en Guanajuato capital, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) inició una investigación y dará vista a la autoridad federal.
Aunque la propia postura parece dirigida en restarle gravedad a la denuncia hecha por activistas: durante la inspección, dicen, solo se detectó el “desprendimiento de una rama en cada uno de ellos”. Eso sí, se asegura que el Gobierno del Estado atenderá toda denuncia ambiental “con seriedad y conforme a la ley, privilegiando la protección del patrimonio natural de Guanajuato y el respeto a las competencias de cada autoridad”.
La respuesta a lo ocurrido deja claro que la PAOT, encabezada por Karina Padilla Ávila, bajó cortina y está en modo vacaciones. Porque, además de que se intenta matizar lo ocurrido en las inmediaciones de la mina de La Garrapata, y cuyos responsables aún no están claros, se reconoce que apenas se realizará una inspección por la intervención del gobierno municipal en una de las laderas del Cerro de la Bufa.
Parece que la Procuraduría esperará a que pase el Día de la Cueva antes de hacer algo más que anunciar inspecciones. No vaya a ser que una diligencia estorbe la fiesta. Al paso que va, la PAOT solo llegará a barrer después de la verbena popular.
Contra Retrato
Ernesto Prieto Gallardo
Le salió caro el baño de pureza que quiso darse el diputado federal de Morena hace una semana, cuando en una sesión del Consejo General del INE proclamó: “Habemos Ernestos honorables”, en alusión a los señalamientos contra el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, hoy consejero de Somos México y recluido en el Altiplano.
La frase envejeció rápido, porque de inmediato el representante de Somos México ante el INE, Marco Antonio Baños, le recordó las acusaciones que pesan en su contra por ser presunto deudor alimentario. Y días después se difundió la compra de una camioneta de lujo para su pareja.
El morenista salmantino rechazó ser deudor alimentario. Sobre la camioneta, reconoció la compra, aunque precisó que no costó más de un millón de pesos, sino poco más de 890 mil, una cantidad que equivale a más de la mitad del salario ordinario anual de un diputado federal. El legislador sí resultó espléndido en esta esfera de su vida.
Fue el periodista Jorge García Orozco quien reveló la adquisición. Tras la réplica del legislador, insistió con documentos en que Prieto Gallardo sí enfrenta un proceso legal relacionado con la pensión alimenticia de su hija, un señalamiento que desde el año pasado también había hecho la activista y promotora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, cuando también exigió que reconociera la paternidad de la menor.
El asunto estalló en las redes sociales, al grado de un intercambio con el empresario Ricardo Salinas Pliego que ayer le reviró: “¿De dónde salió el dinero? Muestre las transferencias bancarias entre sus cuentas y explique con qué ingresos pudo hacer ese regalo”.
Prieto Gallardo sostiene que todo forma parte de una campaña coordinada y se da la importancia suficiente para decir que se trata de una estrategia para desviar la atención del caso Ruffo Appel. Pero la jugada terminó por volverse en su contra. En el intento de repartir certificados de honorabilidad, acabó reabriendo el expediente que más trabajo le cuesta explicar, y donde ahora además quedó claro que la austeridad no es lo del diputado.
