La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investiga la denuncia presentada por la máxima casa de estudios el pasado 3 de julio contra personas físicas y empresas que presuntamente ofrecieron servicios para alterar o facilitar trampas durante la evaluación virtual.
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La investigación busca identificar a quienes comercializaron supuestos mecanismos para vulnerar el proceso de admisión, así como a quienes recurrieron a esos servicios con el propósito de obtener un lugar en la universidad de manera irregular.
Durante la aplicación del examen, la UNAM detectó múltiples anomalías que derivaron en la cancelación de 3 mil 174 evaluaciones, equivalente a cerca del 2 por ciento de los 158 mil 712 aspirantes que participaron en el proceso.
El caso ya trascendió el ámbito administrativo y ahora se desarrolla en el terreno penal, mientras las autoridades universitarias buscan deslindar responsabilidades y garantizar que únicamente sean aceptados quienes realizaron el examen conforme a las reglas establecidas.
Miles de estudiantes siguen sin conocer su futuro
La crisis no sólo ha afectado la imagen institucional de la universidad, sino también a miles de jóvenes que permanecen sin certeza sobre su ingreso a licenciatura.
Entre ellos se encuentran aproximadamente 22 mil aspirantes que obtuvieron resultados aprobatorios, pero cuyo proceso de inscripción quedó sujeto a la revisión de las irregularidades detectadas durante la aplicación del examen.
La situación ha provocado preocupación entre estudiantes y familias, quienes continúan a la espera de que la universidad determine cuándo podrá normalizar el proceso de admisión.
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La inteligencia artificial no evitó las irregularidades
Cuando la UNAM anunció que el examen sería completamente en línea, aseguró que el sistema estaría respaldado por herramientas de inteligencia artificial para detectar conductas sospechosas durante la evaluación.
Las autoridades universitarias explicaron entonces que la IA únicamente identificaría comportamientos atípicos, mientras que la decisión de cancelar un examen recaería exclusivamente en personal especializado de la institución tras revisar cada caso.
El proyecto buscaba modernizar el proceso de admisión y ampliar el acceso a estudiantes de todo el país e incluso del extranjero, además de reducir el impacto ambiental al eliminar la aplicación presencial.
Entre los beneficios previstos se encontraba evitar el traslado de más de 1.5 millones de personas, ahorrar alrededor de 360 millones de litros de agua, dejar de utilizar 16 millones de hojas de papel y reducir considerablemente la generación de residuos.
Sin embargo, las anomalías detectadas durante la evaluación pusieron en duda la eficacia de los controles implementados.
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Contrato millonario con empresa tecnológica
Como parte del nuevo modelo de evaluación, la Dirección General de Administración Escolar firmó un contrato con la empresa Territorium Life, especializada en plataformas educativas digitales.
El acuerdo contempló un monto cercano a 41 millones de pesos para la aplicación de aproximadamente 154 mil exámenes de licenciatura, con posibilidad de ampliarse hasta 101 millones de pesos si también se utilizaba para los procesos de ingreso al bachillerato.
La empresa quedó encargada de proporcionar la infraestructura tecnológica y diversos mecanismos de monitoreo para prevenir conductas indebidas durante las evaluaciones.
Tras la polémica, sus fundadores solicitaron participar ante la comisión encargada de revisar el proceso, al sostener que la integridad de un examen de alta demanda no depende únicamente de la plataforma tecnológica, sino también de los protocolos académicos implementados por la institución.
Las primeras alertas aparecieron desde el inicio del proceso
Los problemas comenzaron prácticamente desde las primeras etapas de aplicación del examen.
Durante las dos primeras fases, la universidad detectó mil 117 casos con comportamientos considerados inusuales o inconsistencias que requerían revisión individual.
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En ese momento, la UNAM aclaró que dichas situaciones representaban menos del 1.3 por ciento del total de evaluaciones realizadas y aseguró que cada expediente sería analizado antes de emitir una resolución definitiva.
No obstante, conforme avanzó el proceso, el número de exámenes anulados aumentó y terminó desencadenando la investigación penal que actualmente desarrolla la Fiscalía capitalina.
Mientras continúan las indagatorias, la universidad enfrenta el reto de restablecer la confianza en uno de los procesos de admisión más importantes del país y ofrecer certeza a miles de aspirantes que esperan conocer el desenlace de esta inédita crisis institucional.