San Diego de la Unión, Gto.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia de 70 años de prisión contra integrantes de un grupo delictivo por el secuestro de una persona registrado en el municipio de San Diego de la Unión.
A través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, se logró una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de cuatro personas, identificadas como Javier “N”, Fredy Osmani “N”, Sergio “N” y José Gabino “N”, al acreditarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de una mujer registrado el 30 de noviembre del 2022.
El día de los hechos la víctima se encontraba al interior de un establecimiento ubicado en la zona centro de dicho municipio, cuando los ahora sentenciados arribaron a bordo de dos camionetas y armados, ingresaron a una de las bodegas del establecimiento y sometieron a las personas que se encontraban en el lugar.
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Posteriormente, privaron de la libertad a la víctima y la obligaron a abordar una de las camionetas, mientras uno de los integrantes del grupo permanecía atento a la presencia de autoridades en la zona.
La mujer fue trasladada durante varias horas hacia la zona sur del estado y posteriormente ingresada a un inmueble, donde la obligaron a realizar una grabación dirigida a sus familiares con la finalidad de exigir el pago por su rescate.
Como resultado de las negociaciones, los responsables obtuvieron una fuerte cantidad de dinero y dos vehículos de motor, a cambio de la liberación de la víctima, quien finalmente fue dejada en una comunidad.
La investigación continuó hasta lograr avances que permitieron fortalecer la identificación de los responsables y establecer su participación en los hechos.
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En 2023, uno de los vehículos involucrados, que además contaba con reporte de robo, fue localizado, elemento que contribuyó al desarrollo de las indagatorias.
Durante la etapa de individualización de las sanciones, la autoridad judicial impuso a cada uno de los sentenciados 70 años de pena privativa de la libertad, el pago de una multa, la reparación del daño, incluyendo la restitución de la cantidad erogada para lograr la liberación de la víctima y la suspensión de sus derechos político-electorales, y de los beneficios que pudieran implicar una reducción de la pena.