Irapuato, Guanajuato.- Trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN) y la falta de acuerdos en asambleas ejidales han frenado proyectos de infraestructura en comunidades rurales de Irapuato, debido a que algunos terrenos donde se pretendían realizar obras pertenecían a ejidos o eran considerados áreas comunes.
El director general de Desarrollo Rural, Israel Lizama Ibarra, explicó durante la revisión del informe del segundo trimestre de 2026 que el municipio necesitaba contar con la autorización de los ejidatarios antes de intervenir determinados espacios, por lo que la dependencia mantenía gestiones con las comunidades para destrabar estos procedimientos.
“Hay lugares o hay espacios donde ellos desean que intervengamos nosotros como gobierno; sin embargo, también necesitamos la anuencia por parte de los ejidos y es ahí donde realizamos este tipo de gestiones, este vínculo con ellos para poder trabajar y buscar soluciones en conjunto”, señaló.
Explicó que muchos de los espacios pertenecían o habían pertenecido a los ejidos y, para desprender un terreno y destinarlo a una obra en beneficio de la comunidad, era necesario realizar una asamblea en la que también intervenían un visitador agrario y, en determinados casos, un notario público.
Jorge Lizama Ibarra señaló que esta situación se presentaba en proyectos de infraestructura, como obras de drenaje que requieren terrenos para la construcción de plantas tratadoras.
“Si hablamos de temas de infraestructura o si hablamos de temas sociales, requerimos del apoyo de un trabajo en conjunto, de un trabajo transversal y cercano con la gente”, comentó.
Añadió que Desarrollo Rural trabajaba de manera coordinada con Obras Públicas para revisar las afectaciones y buscar que las intervenciones representaran mejoras para las comunidades.
Sin embargo, reconoció que también había ejidos que se oponían a la introducción de algunos servicios, lo que dejaba al municipio sin posibilidades de invertir en determinadas localidades.
“Hay ejidos que se oponen al tema de la introducción de servicios donde, bueno, pues ahí también nosotros como gobierno quedamos limitados o atados de manos ante este tipo de situaciones para poderles invertir a nuestras comunidades rurales”, expuso.
A la problemática se sumaban los tiempos de atención del RAN. El director de Desarrollo Rural explicó que recientemente cambiaron a los dos visitadores agrarios que atendían Irapuato, después de 19 años, por lo que la dependencia buscaba establecer una nueva coordinación con ellos.
“Acabamos de cambiar de visitadores agrarios aquí en Irapuato, son nuevas las dos personas que están llegando y pues eso obviamente también genera como ciertos cambios en la forma del trabajo”, indicó.
La síndica Karen Guerra Ramírez señaló que los retrasos en los trámites agrarios terminaban afectando directamente los proyectos municipales, ya que algunas obras dependían de que los ejidatarios pudieran regularizar terrenos o aprobar su utilización.
“En temas de desarrollo rural dependemos también de instancias de gobierno federal y en ocasiones también de gobierno estatal”, comentó.
Karen Guerra Ramírez consideró que la reducción de personal en algunas instancias agrarias había provocado una mayor saturación de solicitudes.
“Eso ha hecho que se vean más lentos los trámites que los propios ejidatarios están solicitando. Ante esa lentitud de estos procedimientos, pues eso impacta también en la regularización de algunas actividades en las comunidades”, señaló.
Puso como ejemplo las asambleas necesarias para que un ejido pueda donar un terreno al municipio y permitir que se construya infraestructura o se mejore algún servicio.
Ante este escenario, planteó que el municipio debía funcionar como un articulador entre las comunidades y las dependencias estatales y federales para facilitar las gestiones.
“Nosotros seamos los que ponemos los mecanismos para que las otras dependencias puedan acercarse a las comunidades”, sostuvo.
La síndica también reconoció avances en la conformación de comités comunitarios, principalmente los relacionados con el agua, al considerar que históricamente había sido complicado lograr acuerdos dentro de los ejidos.
“Veo un avance muy importante en la conformación de comités, por ejemplo, con el tema del agua, comités que tienen que ver con las asambleas ejidales y que históricamente es complejo el poder transitar estos temas”, destacó.
Durante la presentación del informe se reportó la integración de 34 comités de participación social y comunitarios, además de recorridos y censos en 25 localidades para verificar obras de infraestructura.
Entre las acciones reportadas estuvieron la rehabilitación de 19 caminos y calles en seis localidades, con un acumulado de 34 durante el año, así como 196 viajes de pipas de 10 mil litros para abastecer de agua potable a 11 comunidades rurales.
También se presentaron avances en proyectos de electrificación, redes de agua potable, drenaje, captación de agua de lluvia, capacitación y programas productivos.
Karen Guerra Ramírez planteó que acciones como la electrificación, el suministro de agua mediante pipas y la construcción de bordería deberían considerarse proyectos permanentes, pues el rezago en algunas comunidades no podía resolverse en un solo trimestre.
“Electrificar el resto de las comunidades debe ser un solo proyecto. Cuánto avancemos cada trimestre a través de las comunidades es el avance, pero me parece que el solo proyecto es la electrificación del total de nuestras comunidades”, señaló.
Detectan error de 100 mil pesos
Durante la misma revisión, integrantes de la comisión detectaron además un error de aproximadamente 100 mil pesos en las cifras del estado presupuestal presentado por Desarrollo Rural.
La diferencia apareció al revisar la suma de los recursos de libre disposición y del Ramo 33 correspondientes a abril, pero también repercutía en los totales de los meses posteriores.
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Los integrantes de la comisión consideraron necesario regresar el documento a la Dirección General de Desarrollo Rural para que revisara y corrigiera las cifras antes de que el informe fuera presentado ante el pleno del Ayuntamiento.
Aunque se planteó que la corrección presupuestal no frenara la revisión de las actividades correspondientes a abril, mayo y junio, también se pidió dejar asentado un llamado a la dependencia para revisar con mayor cuidado la información antes de presentar futuros informes.