Celaya, Guanajuato.- Luego de que el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, anunciara durante su Segundo Informe de Gobierno la creación de la “Constructora de la Esperanza”, afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato externaron su preocupación e incertidumbre sobre este proyecto, que podría afectar a constructoras de Celaya y la región, así como los empleos que generan.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Guanajuato, Gabriel Zermeño Flores, destacó que el sector que representa es un motor clave de la economía local, del cual dependen miles de empleos directos e indirectos, además del impacto que tiene en la actividad productiva y en la recaudación fiscal del municipio.
Por lo anterior, solicitó al alcalde Juan Miguel Ramírez una reunión para que explique a detalle el alcance de dicha constructora municipal. A pesar de que se ha anunciado que sí ejecutará obra pública, los constructores desconocen el grado de afectación que este esquema podría causar a las empresas privadas locales.
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“Estamos preocupados porque le va a quitar el trabajo a las empresas locales y lo que nosotros estamos argumentando es que nosotros pagamos impuestos. Con esos impuestos que se generan por las utilidades que hacemos nosotros haciendo obra pública, pues no se van a ver registrados dentro del municipio si lo hace el gobierno”, explicó el dirigente empresarial.
Zermeño Flores advirtió, además, sobre los riesgos logísticos y financieros de pretender operar una empresa constructora desde la administración pública, señalando que la experiencia histórica en este tipo de iniciativas no ha sido favorable.
“Tienen que tener cuidado con el tema de logística. No porque uno compre las máquinas significa que va a salir más económica la obra. Nosotros tenemos equipos, terminas una obra y te mueves a otra constantemente. Históricamente, que los municipios o estados hagan obra no ha ido tan bien. Por eso estamos pidiendo que nos hagan favor de recibirnos para entender el proyecto y ver cómo podemos ayudar”, puntualizó.
Aunque reconoció que no se ha formalizado una solicitud por escrito, el líder de la CMIC confirmó que ya buscan un acercamiento directo con el alcalde Juan Miguel Ramírez. Advirtió que, de concretarse el proyecto sin acotar sus funciones, se frenaría la cadena productiva local.
“Las empresas públicas no generan utilidades, entonces no pagan impuestos, y nosotros sí. Es muy importante sensibilizar a la gente de que esto no es lo mejor para la economía local. No entendemos todavía la magnitud: no sabemos cuánta obra van a hacer o si simplemente es para temas de mantenimiento, como bacheos”, agregó Zermeño.
Sobre la capacidad técnica del gobierno para ejecutar proyectos, aclaró que el punto crítico no es la calidad, sino la derrama económica circular.
“La calidad la pueden manejar si contratan gente capacitada. Lo delicado es la generación de utilidades para que se cree ese círculo virtuoso: las utilidades generan impuestos y esos impuestos se reinvierten en infraestructura. Al desplazar a las empresas formales, se deja sin empleo a muchas constructoras locales”, enfatizó.
Zermeño recordó que este año se prevé una inversión estatal de 8 mil millones de pesos en obra pública, sumada a inversiones privadas por 2 mil 600 millones de dólares en Guanajuato, lo que requerirá de un sector de la construcción fortalecido y coordinado con las autoridades. La cifra de inversión estatal de 8 mil millones de pesos también ha sido reportada por la CMIC Guanajuato.
Los afiliados de la CMIC, Delegación Guanajuato, coincidieron en que “la obra pública no debe convertirse en una actividad exclusiva del gobierno”.
A través de un comunicado, la CMIC expuso que “un supuesto menor costo directo en la ejecución pública no garantiza un beneficio real para la ciudadanía”.
“Una estructura dedicada permanentemente a la ejecución de obras requiere personal especializado, salarios, prestaciones, seguridad social, capacitación, maquinaria, mantenimiento, combustible, materiales y supervisión”.
Por ello, un menor costo directo o presupuestal de una obra no necesariamente significa un menor costo para la sociedad”, señala el comunicado de la CMIC.
El gremio constructor reconoció que los municipios requieren de cuadrillas propias para atender emergencias, bacheo y mantenimientos menores. Sin embargo, sostuvo que para proyectos de mayor complejidad debe preservarse la participación de empresas especializadas.
La CMIC reiteró su disposición al diálogo con el Gobierno Municipal de Celaya y solicitó que, antes de establecer un modelo permanente, se convoque a colegios de profesionistas y cámaras empresariales para debatir la propuesta y garantizar que cada peso invertido maximice el beneficio social y económico.
Alcalde aclara que la “constructora de la esperanza realizará obra menor” en Celaya
El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, aseguró que la “Constructora de la Esperanza” no busca competir con las empresas privadas ni quitarles trabajo, sino optimizar los recursos públicos ejecutando obras menores de tipo social que los contratistas privados suelen rechazar.
“Nosotros tenemos que hacer que, los recursos que tenemos, hacer que se estiren. Por eso queremos esta constructora, porque hay muchas pequeñas cosas que las constructoras no hacen. Nosotros queremos poner los baños que se necesitan, bardas que se necesitan, algunas techumbres para las escuelas o para centros deportivos. Esas las puede hacer nuestra constructora”, sostuvo Juan Miguel Ramírez.
Sobre una posible afectación a la contratación de empresas y a la economía local, el presidente municipal rechazó que la iniciativa atente contra el gremio de la construcción y aseguró que la asignación de obra pública en el municipio se ha democratizado en comparación con administraciones anteriores.
“A los que dicen que esta obra atentará contra las constructoras, yo quiero decirles que entre JUMAPA y nosotros contratamos como a 100 constructoras cada año. Nadie se ha quedado sin trabajar. Antes había constructoras privilegiadas, hoy no hay constructoras privilegiadas; hoy hay decenas y decenas de constructoras que no las habían contratado en años anteriores y hoy están con nosotros trabajando”, afirmó.
Cuestionado sobre los señalamientos referentes a si la ejecución directa por parte del municipio podría poner en riesgo la calidad de las obras, Ramírez Sánchez enfatizó que la entidad no abarcará megaproyectos ni infraestructura especializada como vialidades principales.
“No vamos a ir a poner concreto hidráulico, etcétera, vamos a hacer las cosas que las constructoras no quieren hacer porque ganan muy poquito dinero. Son obras menores. Las 100 constructoras que hay siguen trabajando con nosotros. Antes tenían como 20”, argumentó.
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El presidente municipal puntualizó que la política de contratación de su gobierno prioriza a las empresas locales y aseguró que hay distribución equitativa de los contratos.
“Ahora la distribuimos como la habíamos planteado: primero los celayenses, después va como una espiral, vamos dándole vueltas y vueltas. Ya hay obras que se asignan por lo grande que son, pero a nadie se le deja fuera”, aseguró Ramírez.
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