Guanajuato, Guanajuato.- Tras los hechos de violencia y el fallecimiento del estudiante Joan Francisco, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) y exrector de la Universidad de Guanajuato (UG), Juan Carlos Romero Hicks, pidió a las autoridades municipales, estatales y académicas actuar con humildad y autocrítica para revisar las omisiones institucionales que han vulnerado a la comunidad estudiantil en la capital.
El legislador panista expresó sus condolencias y señaló que las tragedias que afectan a los alumnos obligan a realizar una revisión profunda de la actuación pública.
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“Nuestra solidaridad con la comunidad universitaria, con la familia de Joan Francisco. Cuando ocurren estas tragedias, siempre hay que preguntarnos qué hicimos y qué dejamos de hacer. En esto necesitamos reconocer con mucha humildad y con mucha autocrítica que probablemente en la revisión se pueden encontrar soluciones de futuro”, puntualizó.
Romero Hicks aclaró que, hasta el momento, no ha establecido comunicación directa con la rectora general de la UG, Claudia Susana Gómez López; con las autoridades de la Rectoría del Campus Guanajuato; con la alcaldesa capitalina, Samantha Smith Gutiérrez, ni con la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, advirtió que la convivencia urbana exige una articulación entre las instituciones para evitar vacíos de autoridad.
Ante las deficiencias preventivas que arrastra el municipio frente a los reclamos estudiantiles desde 2019 y las agresiones registradas durante el último mes, el legislador remarcó que la protección de los jóvenes requiere una coordinación técnica sin fracturas, al tratarse de una institución académica inmersa en la vida cotidiana de la ciudad.
“Siempre hay que tener una cadena virtuosa: prevención, denuncia, las atenciones en materia de investigación administrativa o penal cuando ocurren estas circunstancias. Es una universidad rodeada de una ciudad, y en ese marco tiene que tener siempre una comunicación muy fluida de todas las autoridades correspondientes”, aseveró.
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En ese sentido, el exgobernador destacó la necesidad de implementar tres esquemas de protección obligatorios e interconectados para reducir la vulnerabilidad de la comunidad universitaria: el primero, a cargo del gobierno municipal, para la prevención policial y la atención de faltas administrativas en la vía pública; el segundo, de competencia estatal, para la procuración de justicia y la investigación de delitos; y el tercero, correspondiente a los protocolos y reglamentos internos que la propia máxima casa de estudios debe aplicar para proteger a sus estudiantes dentro de los recintos escolares.
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