Guanajuato, Guanajuato.- Ante los constantes ataques y las fallas registradas en los sistemas informáticos de instituciones gubernamentales, que han provocado la interrupción de sus servicios, el experto en ciberseguridad Diego Martínez Almanza consideró necesario que las autoridades exijan certificaciones para garantizar su confiabilidad, además de establecer obligaciones contractuales para que los proveedores se actualicen continuamente frente a posibles ciberataques.
Tan solo en lo que va de octubre se han registrado interrupciones en los servicios del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) y en la plataforma SIGO del Poder Judicial. En el primer caso, la institución reconoció haber sido víctima de una vulneración de sus sistemas, mientras que, en el segundo, el incidente se atribuyó a una falla eléctrica en los servidores.
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Martínez Almanza, quien actualmente preside la organización Alianza México Ciberseguro, capítulo Guanajuato, señaló que, además de la necesidad de que las direcciones de Tecnologías de la Información cuenten con un área dedicada a la ciberseguridad, debe tomarse en cuenta que las nuevas amenazas surgen constantemente, lo que obliga a realizar revisiones y actualizaciones prácticamente a diario.
“El mejor camino es certificar el área de Tecnologías. Gastamos presupuesto en otras áreas, pero no en estas certificaciones, y esa es la más importante. Sí hay servicios contratados con el estado y, al final, como decía la gobernadora, la tecnología va cambiando de manera rápida. Por eso, está el tema de certificar y hacer análisis de riesgo. En los contratos de desarrollo de software y de uso de plataformas debe haber una cláusula para pedir esos puntos de respaldo y establecer que el proveedor sea responsable de actualizar a la versión más segura”, puntualizó.
Por su parte, tras la caída y el restablecimiento del sistema informático del Poder Judicial de Guanajuato, registrados durante las últimas 24 horas de esta semana, el representante de la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato, Óscar Silva, consideró que la situación requiere respuestas de fondo y a largo plazo, en lugar de limitarse a acciones reactivas.
Advierten que municipios de Guanajuato podrían sufrir ataques digitales
Ante los antecedentes de vulneraciones informáticas que afectaron a la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2025, al Poder Judicial en mayo de 2026 y al Ayuntamiento de León el 1 de julio pasado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso local, Rolando Alcántar Rojas, advirtió que diversos municipios de Guanajuato podrían estar bajo ataques digitales sin haberse percatado. Por ello, urgió a etiquetar partidas presupuestales para el blindaje tecnológico en el paquete fiscal de 2027, tras aclarar que el Poder Legislativo estatal carece de facultades para expedir una ley de ciberseguridad, pues esa competencia corresponde exclusivamente a la Federación.
La entidad acumula incidentes de alto impacto: en noviembre del año pasado, la Fiscalía estatal confirmó la apertura de una carpeta de investigación tras la sustracción de archivos institucionales; entre el 7 y el 11 de mayo de este año, el Poder Judicial enfrentó la paralización de sus plataformas y contrató especialistas externos para contener riesgos en los juzgados; y, a principios de julio, el municipio de León sufrió una intrusión en su Sistema de Atención Ciudadana, en el que quedaron expuestos datos personales de 250 mil usuarios.
Ante este escenario, el diputado de Acción Nacional descartó que establecer un protocolo rígido en la legislación local resulte operativo, dada la velocidad con la que evolucionan las amenazas cibernéticas y las herramientas de inteligencia artificial. Por ello, centró la responsabilidad del Congreso en garantizar recursos suficientes.
“Primero, como Congreso no podríamos legislar sobre ciberseguridad; telecomunicaciones y tecnologías están centralizadas en el Congreso de la Unión. Lo que sí podemos hacer es autorizar el recurso en la ley de presupuesto y hacer un llamado para que se invierta en lo necesario, se protejan los sistemas y se capacite al personal, porque en el Ministerio Público y en los juicios hay información sensible que debe resguardarse”, puntualizó.
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Asimismo, Alcántar Rojas exhortó a las administraciones públicas y a los ayuntamientos a migrar sus plataformas a servicios profesionales de almacenamiento en la nube, en lugar de costear infraestructura física que suele quedar obsoleta y vulnerable.
“Tenemos que hacer un llamado porque le ha pasado a León, o a lo mejor le ha pasado a más municipios sin que nos hayamos dado cuenta, o están exageradamente vulnerables; ha resultado mucho más efectivo y económico contratar servidores externos que tengan elementos de seguridad muy buenos, a tener los propios por todo el mantenimiento y personal que implican”, concluyó.
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