El dictamen incorpora el Capítulo II Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Entre sus disposiciones, establece condenas de 10 a 20 años de cárcel para quienes capten o incorporen personas a organizaciones criminales mediante medios impresos o electrónicos.
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Cuando el reclutamiento se lleve a cabo mediante intimidación, coacción o abuso de poder, las penas aumentarán a un rango de entre 15 y 25 años de prisión.
La propuesta también prevé sanciones más severas cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, se encuentren en situación de movilidad humana o cuando los responsables sean servidores públicos o personas que hayan formado parte de las Fuerzas Armadas. En el caso de funcionarios involucrados, se contempla su destitución e inhabilitación.
Diputados buscan cerrar un vacío legal sobre el reclutamiento forzado
Durante la discusión en el pleno, la diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo afirmó que la ausencia de un tipo penal específico había dificultado la identificación, investigación y sanción de los casos de reclutamiento forzado.
La legisladora explicó que, ante la falta de una clasificación jurídica propia, estas conductas pueden investigarse bajo delitos como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada. A su juicio, esta diversidad de figuras puede dispersar las investigaciones y complicar el registro de los hechos.
Segura Trejo señaló que los grupos criminales recurren a distintos mecanismos para captar personas, entre ellos engaños, ofertas laborales falsas, amenazas, violencia y coacción. También mencionó el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad asociadas con la pobreza y la marginación.
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En los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, sostuvo que es fundamental esclarecer quiénes los captaron, de qué manera fueron incorporados a las organizaciones criminales y si estuvieron expuestos a amenazas o actos de violencia.
La reforma busca establecer una herramienta jurídica específica para perseguir estas conductas y facilitar la identificación de las responsabilidades penales correspondientes.
Alertan por captación de jóvenes mediante falsas ofertas de empleo
El diputado del PAN José Guillermo Anaya Llamas destacó que la iniciativa pretende responder a las distintas formas de reclutamiento utilizadas por las organizaciones delictivas, particularmente aquellas dirigidas a jóvenes.
Entre los mecanismos señalados se encuentran las publicaciones en redes sociales, los anuncios impresos y las falsas ofertas de trabajo, además de las amenazas y otras formas de coacción.
El legislador también hizo referencia a las consecuencias que estas prácticas generan para las familias, que pueden permanecer durante largos periodos sin información sobre el paradero de sus hijos.
Por ello, consideró necesario fortalecer los instrumentos legales para perseguir a quienes reclutan personas y garantizar la protección de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
La discusión legislativa puso énfasis en la necesidad de reconocer las distintas formas de captación y evitar que las personas reclutadas, particularmente bajo amenazas o engaños, sean tratadas automáticamente como responsables de las actividades delictivas en las que se les obliga a participar.