San Miguel de Allende, Gto.- Un ciudadano denunció ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG) que, el 22 de abril de 2026, mientras circulaba en una cuatrimoto sin casco, policías municipales de San Miguel de Allende lo detuvieron. Durante una revisión corporal, una oficial tomó una fotografía con su teléfono celular. Al día siguiente, el quejoso se enteró de que esas fotografías circulaban por WhatsApp.
La investigación corroboró que dos policías (Ana Chavero Razo y Ricardo de Jesús Camarillo Flores) tomaron fotografías del quejoso durante la intervención. Aunque contaban con cámaras corporales (body cam) proporcionadas por la dependencia, usaron sus teléfonos personales. Una de las oficiales admitió haber subido la imagen a un grupo de WhatsApp del turno policial, sin el consentimiento del quejoso.
La PRODHEG determinó que los policías omitieron salvaguardar los derechos humanos del quejoso a la privacidad (en su vertiente de protección de datos personales) y a la seguridad jurídica. Se incumplió la Ley de Protección de Datos Personales (al no obtener consentimiento para el tratamiento de las imágenes) y la Ley del Sistema de Seguridad Pública (al usar dispositivos de comunicación ajenos a los proporcionados por la dependencia).
Se reconoce al quejoso como víctima directa y se ordena su ingreso al Registro Estatal de Víctimas.
La resolución dirige cuatro resolutivos principales:
- Atención psicosocial para la víctima.
- Concluir la investigación administrativa interna (iniciada el 4 de mayo de 2026) para deslindar responsabilidades.
- Entregar copia de la resolución a los policías responsables e integrarla a sus expedientes personales.
- Impartir capacitación a los oficiales involucrados (y al personal que se considere pertinente) sobre derechos humanos, privacidad y protección de datos personales.
