Guanajuato, Guanajuato.- Diputadas de Morena y Movimiento Ciudadano exigieron en el Congreso que la Auditoría Superior del Estado (ASEG) y la Contraloría Municipal investiguen al gobierno de Samantha Smith Gutiérrez por presuntos cobros irregulares a comerciantes y omisiones en materia de protección civil durante el Festival del Día de Muertos, realizado en la calle subterránea de Guanajuato capital. Mediante un punto de acuerdo y una intervención en Asuntos Generales, solicitaron revisar los contratos de la empresa Custom Bajío y deslindar responsabilidades administrativas.
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Desde la tribuna, la diputada de Morena, Miriam Reyes Carmona, expuso que el gobierno municipal permitió que dicha firma privada cobrara entre 3 mil 500 y 6 mil 500 pesos por comerciante por el uso de carpas en la vía pública, sin que el dinero ingresara a la Tesorería. El documento presentado señala que la proveedora acumula 49 contratos por 15 millones 889 mil pesos con dependencias estatales en los últimos cinco años. Además, expone versiones encontradas de la autoridad local: mientras Turismo reconoció haber elegido la propuesta de la empresa, funcionarios municipales afirmaron días después que se trató de un arreglo voluntario entre particulares.
“Decía la presidenta Samantha: seguramente algunos diputados se van a subir al tema. Pues claro, si no hacen las cosas bien, si el gobierno se maneja con opacidad, es obvio que nos subamos al tema. Ninguna autoridad debe considerar una ofensa que se le pidan cuentas, y mucho menos cerrarle el vidrio a la prensa. Libertad de expresión, presidenta Samantha”, señaló Reyes Carmona desde el estrado. Su propuesta fue turnada formalmente a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.
A los señalamientos financieros se sumó la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, quien advirtió desde la tribuna que la vialidad subterránea operó sin un plan transparente de contingencia. Recordó que el pasado 5 de julio ese mismo espacio sufrió una inundación que dejó 72 comercios afectados.
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La legisladora cuestionó que las autoridades pretendan evadir su deber preventivo haciendo firmar cartas responsivas a los vendedores.
“Una responsiva no sustituye la obligación de prevenir riesgos; la Contraloría debe investigar a los servidores públicos que intervinieron en la selección del proveedor y en la asignación de espacios, sobre todo tras las contradicciones en que cayeron en su reciente rueda de prensa”, expuso.
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