La fiscal Verónica Valdez explicó que la pena máxima contemplada en la investigación responde a la posible concurrencia de varios hechos punibles atribuidos al exmandatario.
Peña, de 47 años, fue destituido por el Senado paraguayo el pasado viernes, según la información difundida, después de un juicio político en el que se le responsabilizó por mal desempeño de sus funciones en el contexto del escándalo bancario.
El Ministerio Público lo imputó por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como supuesto autor.
Además del exmandatario, las investigaciones incluyen a otras 27 personas relacionadas con Ueno Bank y empresas vinculadas, entre ellas ocho exdirectivos de la institución financiera.
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¿Por qué Santiago Peña podría recibir hasta 15 años de cárcel?
La Fiscalía de Paraguay señaló que las imputaciones contra Santiago Peña podrían derivar en una pena máxima de 15 años de privación de libertad.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal Verónica Valdez explicó que esta expectativa se relaciona con la concurrencia de más de un presunto delito.
“La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, declaró.
La cifra representa el límite máximo que podría aplicarse bajo las calificaciones jurídicas actuales, no una sentencia definitiva.
Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera indicó que los ocho exdirectivos investigados podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.
El funcionario aclaró que las expectativas de condena podrían cambiar si se modifican las calificaciones legales de los hechos investigados.
¿De qué delitos acusan a Santiago Peña por el caso Ueno Bank?
De acuerdo con la imputación fiscal citada, Santiago Peña es investigado por dos presuntos delitos: lesión de confianza y administración en provecho propio.
Las autoridades sostienen que el exmandatario habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes recursos provenientes de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank.
La investigación busca determinar si esas operaciones estuvieron relacionadas con intereses económicos particulares del entonces presidente.
El Ministerio Público también examina los vínculos financieros y corporativos que Peña habría mantenido con Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenecía la institución bancaria intervenida.
Los señalamientos deberán ser examinados durante el proceso penal y no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.
¿Qué relación tenía Santiago Peña con Ueno Bank?
Uno de los puntos centrales de la investigación es la participación económica que el expresidente habría tenido en empresas relacionadas con Ueno Bank.
Según la acusación fiscal descrita, Peña poseía acciones equivalentes al 1.58% del capital de Ueno Holding, además de un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti.
Las compañías forman parte del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial vinculado con la entidad financiera.
De acuerdo con la acusación presentada por los diputados que promovieron el juicio político, Peña vendió su participación en el grupo empresarial en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia de Paraguay.
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Las autoridades investigan si estos antecedentes económicos pudieron influir en las decisiones relacionadas con la permanencia de recursos públicos dentro del banco.
La existencia de inversiones o participaciones empresariales no acredita por sí sola una conducta delictiva; la investigación deberá establecer si hubo actuaciones contrarias a la ley.
¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué fue intervenido?
La crisis de Ueno Bank provocó una situación de incertidumbre financiera en Paraguay, debido al elevado número de clientes y a los recursos públicos depositados en la institución.
Según los datos citados en los reportes, el banco mantenía cuentas de aproximadamente 2.9 millones de clientes, una cifra significativa frente a una población nacional cercana a 6.5 millones de habitantes.
Además, distintas instituciones gubernamentales habían depositado más de 800 millones de dólares en la entidad financiera.
La intervención bancaria derivó en la congelación de fondos y generó manifestaciones de clientes afectados, quienes exigieron respuestas sobre la disponibilidad de sus ahorros.
La crisis también abrió cuestionamientos sobre las decisiones mediante las cuales organismos públicos mantuvieron importantes cantidades de dinero en el banco.
El caso escaló al ámbito político y derivó en el procedimiento de destitución de Santiago Peña.